Este jueves, en la Cámara de Diputados sortearon a los integrantes que conformarán la comisión encargada de revisar la acusación constitucional contra el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara.
De esta forma, la instancia quedó conformada por José Miguel Castro (RN), Pablo Lorenzini (DC), José Miguel Ortiz (DC), Alejandra Sepúlveda (FRVS) y Diego Ibáñez (Convergencia Social).
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Los parlamentarios de oposición que presentaron la acusación contra el intendente, aseguran que la autoridad ha impedido el desarrollo de derechos constitucionales, tales como la libertad de reunión y de expresión.
“La actuación conforme a la Constitución por parte del señor Intendente Metropolitano debe conducirse y propiciar actividades que tengan por propósito la concreción del derecho a la reunión, no existiendo norma constitucional ni legal que permita promover acciones tendientes a hacer llamados de la autoridad a no participar. Todo lo contrario, es justamente quien se encuentra a cargo de velar por el orden y seguridad pública en el territorio local, el funcionario mandatado por el Estado para generar las condiciones que promuevan el correcto y libre ejercicio del derecho a reunión”, dice el texto.
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El diputado Gabriel Ascencio (DC), quien fue uno de los parlamentarios que firmó la acusación, llamó a que “los intendentes sepan que no pueden hacer los que se les ocurra” y que “hay una constitución que nos garantiza el respeto a los derechos de todas las personas”.
Desde el gobierno han respaldado a Guevara e indicaron que sólo cumple con su labor.
“Está cumpliendo con su deber y su deber es resguardar el orden público y los espacios públicos. Los espacios públicos son de los ciudadanos, son de los vecinos, son de los que tienen comercio, y todo eso lo tenemos que compatibilizar con quienes quieren manifestarse. Para eso existen procedimientos, existen reglas, se tienen que pedir las autorizaciones del caso”, afirmó el pasado lunes el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, tras conocer que iban a presentar la acusación.
Cabe mencionar que la comisión revisora tiene un plazo de tres días para notificar al intendente y, posteriormente, deben realizar un informe que será votado en Sala y que requiere mayoría simple.
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