Comisión investigadora de actuación policial tras estallido social aprobó informe ratificando violaciones a los DD.HH.

Por ocho votos a favor y dos en contra, la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, que analizó las actuaciones del Ministerio del Interior, Carabineros y la PDI, desde el 18 de octubre de 2019 a la fecha, en relación al estallido social, aprobó su informe final este jueves, confirmando violaciones a los derechos humanos.

En un comunicado la instancia confirmó que fiscalizó “las medidas tomadas en el país en el marco del control del orden público”. La idea, expresaron, “fue investigar la legalidad, duración o proporcionalidad de tales medidas”.

Aprobamos por mayoría el informe que presentamos en la comisión investigadora que confirma las graves, masivas, y generalizadas violaciones a los Derechos Humanos desde el estallido social.

— Maya Fernandez Allende (@Mayafernandeza) September 2, 2021

El grupo parlamentario indagó sobre aquellos actos que provocaron “lesiones o muerte, apremios ilegítimos, tratos crueles, inhumanos o degradantes, violencia sexual contra civiles u otros hechos que implicaron afectación o violación de los derechos humanos”.

En sus conclusiones, la comisión constató un “incumplimiento en el resguardo de los DD.HH.” por parte de los agentes del Estado “en su participación y responsabilidad directa en estos actos”.

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Junto con las conclusiones, la comisión propuso la adopción de una serie de medidas, entre las que destacó “comprometerse a transformar de manera profunda, estructural e inmediata a Carabineros de Chile“, aspirando a que la institución “se subordine totalmente al poder civil”.

Además, integraron la “revisión inmediata de todas las querellas por ley de seguridad del Estado incubadas a través del Ministerio del Interior o de las intendencias regionales” y que se contemple “el retiro de todas aquellas acciones judiciales que se entiendan iniciadas por motivos exclusivamente políticos“.

El documento final, anunciaron, será remitido a la Presidencia de la República, al Instituto Nacional de los Derechos Humanos (INDH), a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones.