En su columna semanal publicada en La Tercera, titulada Póngame donde haiga, el periodista de CNN Chile Daniel Matamala reflexionó sobre el caso de rendición de gastos de campaña que envolvió a la candidata al Senado por la Región Metropolitana, Karina Oliva.
El texto explica que “la ley permite pedir reembolsos con topes que dependen de los votos obtenidos” y que por ello “el incentivo queda servido y la ley le facilita las cosas a los inescrupulosos. Basta con encontrar voluntarios dispuestos a firmar boletas falsas o desproporcionadas, y topón para dentro”.
Lee también: Karina Oliva tras allanamiento a sede de Comunes: “Fue innecesario, desproporcionado y completamente irregular”
Por lo mismo, califica como “apenas una anécdota” la rendición de gastos de Franco Parisi en 2013, cuando declaró $580 mil en cinturones, corbatas, calzoncillos, etc. y las campañas de convencionales, donde 170 familiares “figuraron como proveedores de 128 candidatos”.
“La sospecha generalizada es que hay candidaturas y partidos que se levantan con el propósito de esquilmar al Fisco”, plantea y hace referencia a Felices y Forrados (FyF), que “intentó inscribir listas de candidatos que debían tener una membresía pagada con la empresa, movida que fue frenada por el Servel”.
A continuación, el conductor de CNN Chile, precisa que el fundador de FyF, “Gino Lorenzini, rompió su alianza” con Parisi, “denunciando una maquinaria del Partido de la Gente (PDG) para quedarse con la devolución de fondos”.
“Tras revelarse públicamente estos antecedentes, el partido desistió de la idea, aunque ha encontrado más formas ‘creativas’ de recibir dinero. Parisi pidió públicamente a sus seguidores que hicieran depósitos a la cuenta corriente personal del presidente del partido”, dice el periodista.
Luego, da cuenta del desglose de los gastos de campaña que rindió la “hasta el miércoles candidata favorita al Senado de Apruebo Dignidad”.
“Recibió $137 millones de reembolso fiscal contra boletas de siete militantes de su partido, Comunes, cada uno de los cuales ‘cobró’ hasta $ 40 millones. ‘Chile Movilizado’, un supuesto centro de estudios que ni siquiera tiene sitio web, fundado por la propia Oliva y de la cual ha sido presidenta, vicepresidenta y directora ejecutiva, boleteó por $120 millones. Y una productora asociada a la candidata cobró $50 millones por un ‘cierre de campaña y desayuno feminista’”, señala.
“El caso pasó colado por el Servel y sólo salió a la luz por una publicación de Ciper“, manifiesta, y agrega que “sólo la investigación de Ciper y la involuntaria autodenuncia de Oliva (confesó que las boletas encubrían otros gastos, además de servicios previos a la campaña) permitieron abrir una investigación penal”.
“Estos escándalos son terreno fértil para ‘soluciones’ interesadas”, asevera.
En esa línea, Matamala asegura que “no, la solución no es retroceder a los días de gloria de Penta y SQM, sino avanzar a un control real: exigir registro público de proveedores, fijar tarifas máximas por servicios, establecer incompatibilidades. También fiscalizar en serio los gastos de las campañas, y no sólo hacer fe de lo que declaran los candidatos. Habiendo dinero público involucrado, debe haber un estándar exigente, más parecido al de la Contraloría que al timbre fácil del Servel”.
En su columna semanal, el conductor de CNN Chile, tilda de “alentador” el hecho de que Gabriel Boric y el pacto “le quitaran su respaldo” a la candidata a senadora “marcando una diferencia con las defensas corporativas y las hipócritas ‘presunciones de inocencia'”.
“Más confuso es el actuar de la Fiscalía. Como recordó esta semana el presidente del Servel, ese organismo denunció en 2018 a la campaña presidencial de Marco Enríquez-Ominami para las elecciones pasadas en la que “para completar el máximo derecho a reembolso que tenía, metieron una factura de una sociedad que se constituyó después de la elección”, indica.
Por último, afirma que “en llamativo contraste, este viernes la sede de Comunes fue allanada por un piquete del GOPE, que rompió candados e irrumpió apuntando con armas largas, en una escena cinematográfica que contrasta con el trato preferencial que han recibido tantas empresas y políticos involucrados en hechos similares”, y por lo mismo cuestiona: “¿Es un nuevo estándar que se aplicará a todos, o una puesta en escena a pocas horas de las elecciones?”.
“Las reformas son urgentes. Cada ciclo electoral en que una campaña sea un nicho de negocios significa atraer a más chantas, pelafustanes y estafadores armando candidaturas y partidos de papel para esquilmar al Fisco. Y significa alejar cada vez más a los ciudadanos honestos de una política que se percibe como un simulacro destinado a inflar los bolsillos de algunos corruptos”, concluye.
Deja tu comentario