La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), instó al Ejecutivo a agilizar y a insistir al Congreso en el proyecto de ley que permita concretar las expulsiones administrativas para migrantes que se encuentren de forma irregular en el país.
La parlamentaria hizo el llamado tras el rechazo por un voto en la Cámara de Diputadas y Diputados de la propuesta que buscaba ampliar el plazo de detención a migrantes irregulares de cinco a treinta días para hacer efectiva su expulsión administrativa.
La iniciativa obtuvo 88 votos a favor, 29 votos en contra y 19 abstenciones, y solo faltó un voto para llegar a los 89 necesarios para aprobarla.
Frente a esto, Núñez abordó el tema en su paso por el seminario “Migración y política” de la Universidad Diego Portales (UDP), que también contó con la participación de la exministra del Interior, Carolina Tohá.
“El Gobierno tiene que insistir en el Senado, pero con realismo legislativo y un texto que sea capaz de concitar un consenso. Chile no aguanta un año más esperando una norma que necesitamos para poder ejecutar las expulsiones administrativas”, sostuvo.
Bajo esa línea, añadió que “si para lograr un acuerdo hay que revisar todos los aspectos centrales del proyecto, hay que estar disponibles para discutirlo, pues lo importante es que tengamos una norma que pueda aprobarse y que le entregue al Estado una herramienta efectiva para concretar las expulsiones”.
La presidenta del Senado sostuvo que la discusión debe centrarse en dotar al Estado de herramientas concretas para permitir las garantías y legalidad de las órdenes de expulsión y no enfocarla sobre el número de días de detención.
“No podemos transformar los días en un punto de bloqueo. Si hay un plazo que permite construir un acuerdo y sacar adelante esta reforma, ese plazo tiene que ser parte de la conversación. Lo que no podemos hacer es quedarnos un año más sin legislar”, finalizó.
Cabe destacar que una propuesta por parte del Ejecutivo puede volver a ser establecida en el Senado si cuenta con el apoyo de dos tercios de la Cámara Alta. A diferencia de una iniciativa impulsada por parlamentarios, que, si resulta rechazada, no puede volver a ser abordada hasta dentro de un año.
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