Un estudio del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) reveló el descenso del flujo migratorio en el país; sin embargo, advierte brechas de inclusión e irregularidad documental.
La séptima edición del Anuario Estadístico del Servicio Jesuita a Migrantes indicó que el crecimiento en la población extranjera en Chile se ha regulado; incluso se proyecta una disminución gradual de 114.671 personas en 2024 a 75.663 en 2030.
Este cambio tiene lugar después de que la población extranjera que vive en Chile se duplicó entre 2017 y 2024, pasando de 746.465 a 1.608.650 individuos, lo cual fue motivado sobre todo por la migración proveniente de Venezuela.
A través de un comunicado, expresaron que “este escenario marca un cambio de etapa para el país. El desafío ya no consiste únicamente en responder al aumento de los flujos migratorios, sino en desarrollar políticas públicas que permitan gestionar una sociedad cada vez más diversa, fortaleciendo la inclusión y la cohesión social”.
Ciudades con mayor población extranjera
Además, el Anuario también indica que cerca del 60% de los migrantes residen en la Región Metropolitana.
En la lista le siguen:
- Antofagasta
- Valparaíso
- Tarapacá
Cabe destacar que se observa un aumento de un 240% entre 2027 y 2024 en las regiones del centro-sur como Maule y el Biobío.
Principales brechas
La publicación advirtió que las mujeres migrantes enfrentan mayores desigualdades en el mercado laboral: registran un porcentaje más alto de subempleo por competencias (24% comparado con 18,2%), lo que equivale al 70% de la población migrante cesante. A ello se suma una menor tasa de cotización con un 47,2% en comparación con el 61,5% de la población masculina.
En materia de vivienda, 47.391 familias se encuentran viviendo en campamentos, según consigna TECHO Chile.
Asimismo, la publicación expuso un alza en la irregularidad documental, la cual pasó de 10.375 personas en 2018 a 336.984 en 2023. Bajo ese escenario, se cruza con la persistente informalidad laboral que afecta a 306.366 trabajadores.
Desde el SJM, advierten que estos factores, sumados a las dificultades en el acceso efectivo a servicios públicos, representan un desafío crítico que podría deteriorar la convivencia y la cohesión social en el país si no es abordado mediante políticas públicas.
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