A través de redes sociales, la parlamentaria aclaró que el depósito corresponde a la venta de su vehículo, un Peugeot 301 de 2016, realizado en julio de 2022.
En la antesala de la audiencia en la que Fiscalía buscara desaforar a la diputada Catalina Pérez en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, en medio de la indagatoria del Caso Convenios, la diputada aclaró el presunto depósito en efectivo por $7 millones “no justificado” que habría recibido en su cuenta corriente y que fue detectado en un informe de la PDI.
¿Qué pasó?
La Fiscalía, encabezada por el fiscal Juan Castro Bekios, presentó como parte de sus pruebas un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) sobre el análisis de las cuentas bancarias de Pérez, Andrade y Carlos Contreras, durante el periodo de septiembre de 2022 a agosto de 2023.
En el caso de la diputada, el informe revela abonos por un total de $234.167.058, que provienen principalmente de remuneraciones y otros conceptos relacionados con la Cámara de Diputados.
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Sin embargo, el informe también destaca un depósito en efectivo de $7 millones, realizado el 8 de agosto de 2022 en la cuenta corriente de la parlamentaria, cuya procedencia no habría sido justificada.
Según el documento, este depósito no corresponde a los fondos provenientes de los convenios firmados con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, consignó en un reportaje Meganoticias.
Además, el análisis bancario señaló que Pérez había realizado operaciones de inversión con depósitos a plazo en Bancoestado y luego en el Banco de Chile.
Respuesta de Catalina Pérez
A través de redes sociales, la diputada respondió a estas acusaciones, asegurando que el depósito corresponde a la venta de su vehículo, un Peugeot 301 de 2016. La transacción fue realizada en julio de 2022 por un valor de $7 millones en efectivo.
“Informe de PDI confirma que NO recibí ni un peso de los convenios. Se determinó la inexistencia de abonos cuya procedencia corresponda a fondos fiscales de los convenios. El depósito en efectivo de agosto de 2022, cuyo origen no se pudo establecer, es la venta de mi auto“, expresó la diputada.
Cabe recordar que esta causa se enmarca en la indagatoria de los convenios irregulares por $426 millones suscritos entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, vinculada a la expareja de Pérez, Daniel Andrade.
Además, recientemente, han surgido nuevos documentos y chats entre Pérez y Andrade, fundador de la ONG, que parecen sugerir que la parlamentaria estaba al tanto de los traspasos de dinero estatales.
En los chats, también se reveló que Pérez intentó conseguirle trabajo a Andrade dentro del Gobierno, enviándole el número de contacto de Carolina Tohá antes de que esta asumiera como ministra del Interior.
Sin embargo, Pérez ha negado tajantemente tener conocimiento de estos movimientos desde que se inició la investigación en 2023.