La resolución debería estar en aproximadamente 30 días.
En el marco del denominado “Caso Tsunami”, ocho de los diez ministros que integran el Tribunal Constitucional escucharon los alegatos sobre la constitucionalidad del delito que se imputa a cinco de los seis formalizados.
Se trató de un requerimiento presentado por el abogado de uno de los acusados, al cual se le sumaron los otros investigados en la causa. Su alegato apunta a que el artículo 492 del código penal no permitiría declarar que se haya cometido infracciones por parte de las autoridades a cargo para el 27F.
Además, el requerimiento provocó la suspensión del juicio oral que estaba programado para el 7 de octubre del año pasado.
Pero tanto la fiscalía como los querellantes esperan que el Tribunal Constitucional rechace la presentación de la defensa, debido a que en 2012 este mismo organismo resolvió que el artículo 492 sí era aplicable en el caso “Alto del Río”.
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