Un nuevo antecedente surgió este miércoles en relación con el polémico Caso ProCultura, que da luces del esquema de investigación que lleva a cabo el Ministerio Público.
El escándalo tomó relevancia tras la acusación sobre un presunto financiamiento irregular a la campaña presidencial de Gabriel Boric con fondos recibidos por convenios estatales por parte de ProCultura, cofundada por el psiquiatra Alberto Larraín, amigo del mandatario, lo que llevó a la Fiscalía a solicitar la interceptación telefónica del jefe de Estado.
La solicitud, realizada por el fiscal Patricio Cooper, quien lidera la indagatoria, fue rechazada por el Juzgado de Garantía de Antofagasta, pero su contenido generó un fuerte remezón político.
¿Qué decía la solicitud de Fiscalía?
Según el documento judicial, Fiscalía aseguró tener una “confesión” de que dineros obtenidos por la Fundación Procultura a través de convenios con entidades públicas habrían sido desviados a la campaña del actual Presidente.
Sin embargo, un reportaje de Ciper desmintió esta jornada el origen de esos fondos, afirmando que se trataba de aportes de empresas privadas —Enel, Anglo American y Minera Candelaria—, y asegurando que no existe evidencia hasta ahora de que ese dinero haya sido destinado a fines electorales.
La base de la acusación: una conversación interceptada
El supuesto indicio clave en que se apoyó Fiscalía para solicitar el “pinchazo” telefónico fue una escucha de la PDI realizada el 14 de octubre de 2024.
En la grabación, una mujer identificada como “Lucía” —hoy se sabe que se trata de Lucía Bustamante, dueña de la imprenta Andros—, afirmó que Larraín le dijo que no le pagaría una deuda porque “la plata se gastó en la campaña del Boric”.
Es necesario mencionar que Procultura mantiene una deuda de $41,9 millones con la empresa Andros, por servicios de impresión realizados en el segundo semestre de 2023.
Los trabajos fueron parte de cuatro proyectos culturales financiados vía donaciones privadas bajo la Ley de Donaciones Culturales.
No obstante, según el reportaje de Ciper, los fondos no tenían origen público, como sostuvo la Fiscalía.
Además, se indicó que los fondos en disputa no solo no provenían del Estado, sino que tampoco hay evidencia en la carpeta investigativa que demuestre que llegaron a la campaña presidencial de 2021.
De hecho, las facturas emitidas por Andros fueron fechadas entre agosto y octubre de 2023, dos años después de la elección.
También se dio a conocer que Lucía Bustamante figura como proveedora del Servel y trabajó efectivamente para la campaña de Boric, facturando cerca de $25 millones por volantes electorales.
La oposición reacciona, pero los antecedentes no se sostienen
La publicación de la solicitud fiscal generó una ola de reacciones en la oposición. Parlamentarios del Partido Republicano y la UDI exigieron la creación de una comisión investigadora y pidieron que el Presidente Boric regresara anticipadamente de su gira por Asia.
Algunos incluso solicitaron protección especial para los fiscales que participan la investigación del Caso Convenios.
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