La Fiscalía Regional de Coquimbo solicitó la interceptación del teléfono del presidente Gabriel Boric en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la Fundación ProCultura.
El fiscal Patricio Cooper argumentó que existen indicios de que fondos provenientes de convenios adjudicados a ProCultura fueron desviados para financiar de manera irregular la campaña presidencial de Gabriel Boric.
Cabe recordar que la solicitud de interceptación del teléfono de Boric fue rechazada por un tribunal, que consideró que no existían fundamentos suficientes para autorizarla.
Sin embargo, el fiscal Cooper insiste en la necesidad de obtener más información para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.
¿Qué pasó?
La solicitud se basa en una conversación entre dos imputadas en el caso, Patricia Ilonka Csillag Pimstein y Constanza Gómez Cruz, quienes mencionaron que Alberto Larraín Salas, cofundador de ProCultura, habría utilizado recursos destinados a la fundación para financiar la campaña de Boric.
Larraín habría respondido a una solicitud de dinero diciendo: “Gasté esta plata en la campaña del Boric y no les voy a pagar ni ahora ni nunca”.
Según consignó Emol, Fiscalía reveló un aumento significativo en los convenios entre ProCultura y el Estado durante los años 2022 y 2023, coincidiendo con el mandato de Boric.
En 2021, los convenios sumaron $316 millones, mientras que en 2022 alcanzaron los $3.282 millones y en 2023 los $1.808 millones.
“Si en los años 2020 y 2021 los convenios y montos fueron por totales de $181.676.386 y $316.849.723, en los años 2022 y 2023 fueron por montos de $3.282.841.556 y $1.808.295.429”, se detalla en la solicitud del Ministerio Público.
Este incremento podría estar relacionado con la cercanía de Larraín con el Presidente Boric, lo que podría constituir un delito de tráfico de influencias, fraude al fisco, lavado de activos y financiamiento ilegal de campañas políticas.
Los nuevos antecedentes se enmarcan en la investigación del Caso Convenios, que indaga el uso irregular de fondos públicos a través de fundaciones vinculadas a la coalición oficialista.
La Fundación ProCultura, cerrada en noviembre de 2023, es una de las principales organizaciones investigadas por presuntas irregularidades en la adjudicación de convenios con el Estado.
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