Este viernes se dio a conocer que el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, firmó, el 28 de julio de 2022, la resolución exenta N.º 366, documento clave en las transferencias directas a ONG que dio inicio al polémico Caso Convenios.
La resolución, que estableció nuevas normas para suscribir convenios y transferencias directas a fundaciones y entidades privadas en el marco del Programa de Asentamientos Precarios de Antofagasta, permitió que la Fundación Democracia Viva pudiera firmar contratos con solo siete meses de existencia, según consigo una investigación de Mega.
En concreto, el propósito del documento era la “diversificación de las instituciones” que tenían convenios con la Seremi y así generar más alianzas entre la repartición de vivienda y las organizaciones, logrando al mismo tiempo “mayor eficacia en las intervenciones”.
Requisitos generales
Según el reportaje, tras firmar la resolución, Contreras fijó doce requisitos generales para la selección de las fundaciones; el que más destaca es el requisito de antigüedad, que exigía a las organizaciones solo seis meses de existencia.
El documento también estableció requisitos sobre los profesionales involucrados en los proyectos de los convenios, así las fundaciones debían acreditar que al menos un miembro del equipo contara con 3 años de experiencia en trabajo socio-territorial.
En tanto, el 50% de los miembros de la fundación debía tener más de un año de experiencia en el mismo rubro.
Otro de los puntos interesantes que reveló la investigación es la remuneración de dichos profesionales, las que serían por un monto aproximado de $1,2 millones.
Sin embargo, la exautoridad no determinó como requisito el que las entidades tuviesen experiencia en las tareas específicas que contemplaban los convenios. Bastaría con que tener “intervenciones comunitarias y territoriales” en sus giros.
Asimismo, todas las organizaciones debían tener un contador a cargo para presentar las rendiciones de cuentas ante la Seremi.
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