Las diputadas del Partido Social Cristiano Sara Concha y Francesca Muñoz anunciaron que ingresarán una acusación constitucional contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, por su responsabilidad en el Caso Convenios, posterior al plebiscito del próximo 17 de diciembre.
El anuncio surgió tras la aprobación del informe de la comisión investigadora que revisa los traspasos desde las seremis de Vivienda y gobiernos regionales a organizaciones sin fines de lucro.
En el documento se aseguró que el secretario de Estado tuvo una “reprochable inobservancia”en el caso.
Cabe recordar que las parlamentarias habían anunciado la acción el pasado 14 de noviembre, decisión que fue apoyada por sus pares Gloria Naveillán y Yovana Ahumada.
En ese momento, integrantes de Chile Vamos tomaron distancia del anuncio, asegurando que no tenía buen sentido de oportunidad y que las fuerzas políticas deberían estar enfocadas en el plebiscito constitucional.
Además, desde la oposición manifestaron que la justicia era la que estaba encargada de investigar los hechos ocurridos en el Caso Convenios y la que va a resolver el asunto.
Sin embargo, la diputada Concha informó este martes el retraso de la acusación hasta después del plebiscito constitucional. Esto por petición de parlamentarios a los que acudieron por apoyo.
Detalles del informe contra el ministro Carlos Montes
El informe de la comisión detalló que el ministro Carlos Montes “o bien no conocía una situación que afectaba profundamente su cartera a lo largo de todo el país y que era manejada por diversos funcionarios”, y aunque como comisión “no vemos motivos para cuestionar la verdad del Ministro Montes, pero ello no evita el reproche a la diligencia con la cual condujo su Cartera“.
Sin embargo, aseguraron que “el ministro Carlos Montes debió fiscalizar o ejercer correctamente la dirección en la forma como se gestionaba o ejercían las facultades delegadas en las secretarías regionales ministeriales o en los servicios de vivienda y urbanización”.
Finalmente, explicaron que esta omisión constituye una “reprochable inobservancia, lo que derivó en la imposibilidad de satisfacer necesidades impostergables de nuestros ciudadanos“.
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