La imputada por la colocación de un artefacto incendiario en el edificio Tánica de Vitacura, en 2020, Mónica Caballero, se dirigió a las autoridades de la Cárcel de Mujeres de San Miguel, el pasado 3 de febrero a través de una carta escrita con su puño y letra, para ponerlos en conocimiento de una importante decisión: estudiaría la carrera de derecho de manera virtual en la Universidad Academia de Humanismo Cristiana y adjuntaría un certificado con su matrícula.
Luego de un mes, según informó La Tercera, Gendarmería realizó las gestiones para efectuar las pretensiones de Caballero, quien certificó su matrícula y solicitó un computador para poder estudiar.
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Sin embargo, el teniente coronel Denisse Megarejo dejó por escrito sus aprehensiones, aclarando que “siendo un caso de connotación pública que aún se encuentra en proceso de investigación y tener acceso a Internet puede vulnerar la seguridad de la unidad penal, como también puede activar redes que tengan impacto en el proceso judicial de la interna”.
Cabe recordar, que Caballero fue formalizada por la Fiscalía Sur por la colocación de la bomba en Vitacura, fue una de las absueltas -junto a su expareja Francisco Solar- en el denominado “caso Bombas I”, en 2011.
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Dos años después, en 2013, Caballero fue condenada junto con Solar por detonar un artefacto explosivo en la Basílica Nuestra Señora del Pilar, en Zaragoza (España). Y en 2020 fueron detenidos por su supuesta participación en la detonación de una bomba en la 54º comisaría de Huechuraba y el frustrado atentado al ex ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, en su oficina en Quiñenco, en Las Condes, en 2019.
Para que pudiera llevar acabo sus estudios, el juzgado pidió a la Dirección Regional Metropolitana de Gendarmería que analizara la solicitud y el 5 de abril, el coronel Álvaro Rivera informó que dentro del penal de la cárcel de mujeres de San Miguel había un espacio que podía ser habilitado para estudiar. Este, sin embargo, dependía de la Corporación Municipal de San Miguel, situación que no representaría un inconveniente.
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Luego de darse la aprobación por parte del organismo, el coronel Rivera explicó que “estamos en condiciones de señalar a SS., que doña Mónica Caballero Sepúlveda puede contar con el espacio físico necesario y los elementos técnicos de computación serán proporcionados por la ya mencionada corporación de educación de San Miguel”.
A pesar de eso, el 6 de abril y la defensa de la imputada pedía “urgencia”, puesto que el año académico ya había iniciado. La espera terminaría al día siguiente, cuando el tribunal acogió los informes de Gendarmería y accedió a la solicitud, pero siempre resguardándose que actuaba tras las recomendaciones de la entidad penitenciaria.
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