La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó una demanda presentada por el Banco de Chile contra un cliente que sufrió un fraude bancario por $7.356.500, dinero que fue utilizado para efectuar un pago a través de la plataforma de la Tesorería General de la República (TGR).
De acuerdo con lo informado por el Poder Judicial, la Novena Sala del tribunal de alzada revocó el fallo de primera instancia, que había determinado que el afectado actuó con culpa grave.
Los magistrados establecieron que el banco no logró acreditar esa conducta y que el cliente fue una de las 73 personas afectadas por un mismo fraude informático.
El caso se remonta a enero de 2022, cuando el afectado recibió un correo electrónico que ofrecía aumentar el cupo de su tarjeta y línea de crédito.
Según su declaración, ingresó a una página que le solicitó la clave de su digipass y, segundos después, recibió una notificación sobre un pago a Tesorería por más de $7,3 millones que desconocía.
Al analizar los antecedentes, la Corte sostuvo que el Banco de Chile tampoco logró acreditar que hubiera adoptado las medidas de seguridad necesarias para impedir el fraude, considerando que la operación superó los límites establecidos por la propia institución para transferencias y pagos.
El fallo señala que “lo anterior es relevante, toda vez que, a juicio de esta Corte, la parte demandante no acreditó en estos autos que la parte demandada haya incurrido en dolo o culpa grave que haya permitido, por sí sola, la realización de la transacción electrónica cuestionada”.
El tribunal también consideró una querella presentada por el propio Banco de Chile, en la que la entidad reconoció haber recibido 73 reclamos de clientes que desconocían operaciones realizadas entre febrero de 2021 y septiembre de 2022 mediante el sistema de pagos de Tesorería.
De esta manera, la Corte revocó la sentencia del Segundo Juzgado de Policía Local de Vitacura, que había ordenado al afectado devolver $1.093.000 correspondientes a fondos restituidos por el banco.
En su lugar, dispuso mantener la devolución de 35 UF y revertir cualquier cargo efectuado en su cuenta relacionado con la operación cuestionada.
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