Duras críticas ha recibido el presidente de la Corte Suprema Hugo Dolmestch, luego de que dijera que aquellos que han sido condenados por violaciones de derechos humanos durante la dictadura tienen el derecho a la libertad e incluso se muestra a favor de que estas personas puedan acceder a indultos. Conversamos con la Abogada de Derechos Humanos, Carmen Hertz, quien dijo que “resulta absolutamente improcedente e imprudente emitir opinión a través de la prensa sobre un tema que es controversial, que está en los tribunales de justicia, que la Corte Suprema ya se pronunció respecto al caso Iturriaga Neumann y que seguramente va a tener que pronunciarse en lo sucesivo”. Opinó que “aparte de la imprudencia de Dolmestch, resulta sorprendente el desconocimiento que evidencia sobre el Derecho Internacional al proponer un indulto a los criminales de lesa humanidad y referirse con absoluta ligereza a las características de estos crímenes“.
“Creo que las declaraciones están cuestionando la imparcialidad que un Ministro debe tener, y al poner ésto en entredicho está configurándose una causal de implicancia, por lo que debiera inhabilitarse al conocer en el futuro algún incidente que tenga que ver con los beneficios carcelarios a los criminales de lesa humanidad”. “En el caso concreto de un incidente de este tipo, los abogados querellantes pueden solicitar ésto”, dijo.
Carmen precisó que “este tipo de crímenes atentan contra la condición humana y ponen en peligro la seguridad mundial, cosa que parece ignorar el ministro Dolmestch”. Agregó que “es por eso que la comunidad internacional, a quien le repugnan particularmente los crímenes de lesa humanidad, ha decidido regularlos penalmente”.
Se refirió específicamente a la situación de Chile respecto a estas temáticas diciendo que “en un país como el nuestro en que ha habido una denegación de justicia permanente por décadas, en donde 40 años después se está penando recién y con penas que no son proporcionales, o entregándoles beneficios que no corresponden, en ese clima de impunidad pretender beneficios carcelarios es extender aún más una impunidad que atenta contra la reconstrucción decente de este país”.
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