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Este jueves, el ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera, aterrizó en Tokio para participar este sábado de la Cumbre de Ministros del G20.

En la instancia, el canciller abordó la situación actual del país, entregando señales de tranquilidad y comunicando las medidas que se están adoptando al respecto.

Así, el secretario de Estado declaró que las causas que explican el estallido social en Chile son múltiples, detallando que en muchos casos la sensación que predomina es que el éxito del caso chileno no ha llegado a todos.

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Esto, ya que el costo de vida está en constante aumento, hay pensiones y sueldos insuficientes y hay falta de acceso a servicios públicos de calidad en materias de salud y educación, explicó el ministro.

Ante esto, el canciller informó que “el Gobierno ha trabajado activamente en el desarrollo de una Nueva Agenda Social para abordar las demandas más urgentes, las que incluyen beneficios para la población más vulnerable, sectores de ingresos medios y adultos mayores”.

Asimismo, Ribera destacó el “Acuerdo por la paz social y la nueva Constitución”, ya que según él, “permitirá abrir un camino institucional y con participación ciudadana que permitirá validar estos acuerdos”.

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El titular de Relaciones Exteriores dijo también que la crisis social no afecta exclusivamente a nuestro país, asegurando que a nivel global se viven tiempos exigentes, que llevan a los Estados a enfrentar urgencias sociales ante demandas insatisfechas.

Finalmente, la autoridad señaló que Chile es un país joven y en transformación, pero con larga tradición democrática e instituciones sólidas.

En paralelo al desarrollo del encuentro de Ministros del G20, el canciller sostuvo una serie de reuniones bilaterales con sus pares de Alemania, India, Indonesia, Holanda, Francia, Australia, Reino Unido, Turquía y Japón.

Durante las instancias, el ministro abordó la situación de nuestro país con mayor profundidad, recibiendo muestras de solidaridad y ofrecimientos de colaboración en temas diversos como seguridad, medicamentos y apoyo de expertos académicos en materias constitucionales.

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