Cámara aprobó proyecto de resolución que pide al presidente Kast rebajar la edad de la responsabilidad penal adolescente

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto de resolución que solicita al presidente José Antonio Kast rebajar la edad de la responsabilidad penal adolescente.

La iniciativa, que se aprobó con 77 votos a favor y fue impulsada por la bancada UDI, busca disminuir la edad de 14 a 13 años, para hacer frente a la creciente participación de menores de edad en delitos de alta connotación.

Con ello, los parlamentarios piden al mandatario rebajar la edad y también que adolescentes de entre 16 y 18 años que sean reincidentes o cometan delitos graves puedan ser sometidos al régimen adulto.

Los gremialistas plantearon la existencia de “nuevas modalidades delictuales”, entre las que se encuentra el “reclutamiento” de niños y adolescentes por parte de bandas de crimen organizado, que aprovechan las sanciones más bajas a las que pueden ser expuestos los menores de edad.

La solicitud ocurre en medio de la fatal encerrona en San Bernardo protagonizada por al menos cinco sujetos -dos de ellos de 17 años-, quienes robaron un vehículo y posteriormente provocaron el crimen de un niño de 12 años.

Así, en el documento se señala que “una de las tendencias más alarmantes corresponde a la participación de menores de edad en ilícitos que han causado gran conmoción social”.

“De ahí que surja la necesidad de evaluar la edad de imputabilidad a fin de dar respuestas concretas frente a las circunstancias actuales de este flagelo, a raíz del compromiso delictual que se ha detectado a edades cada vez más tempranas, así como la sensación de impunidad que ha afectado sustancialmente la percepción ciudadana”, se añade.

En ese sentido, la bancada UDI argumentó que la normativa actual debería modificarse para “sancionar debidamente a los jóvenes infractores de ley, sin perjuicio de las políticas de reinserción social que se implementen”.

El diputado y miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Eduardo Cretton, afirmó que se busca que “el Estado se haga cargo de un problema que es bastante evidente: cada vez se hace más frecuente que los jóvenes y adolescentes participen en delitos violentos, muchas veces reclutados por el crimen organizado”.

Y agregó: “La reinserción social es importante y tiene que ser un objetivo de la política criminal de nuestro país. Sin embargo, hoy no pueden seguir siendo las víctimas quienes paguen los platos rotos de las falencias del Estado en esta materia. Ellos merecen justicia, y eso implica que los jóvenes y adolescentes que cometan delitos graves respondan como corresponde por sus actos”.