El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, respondió al cuestionario contestado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en Chile tras el estallido social.
La ex mandataria respondió en diciembre a un oficio enviado por la fiscal Claudia Perivancich en octubre del año pasado. Bachelet afirmó que el informe del organismo que dirige concluyó que “había razones fundadas para sostener que, a partir del 18 de octubre, se había producido un elevado número de violaciones graves a los Derechos Humanos“.
Estas incluirían “el uso excesivo o innecesario de la fuerza que resultaron en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias. Estas violaciones se cometieron en todo el país, pero su gran mayoría ocurrió en la Región Metropolitana y contextos urbanos”.
Además, la Alta Comisionada acusó que “la oficina regional solicitó, sin éxito, a las autoridades, en particular a la más alta autoridad del Ministerio del Interior, tomar medidas concretas para garantizar que cualquier uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad se realice en estricto respeto de las obligaciones y estándares de Derechos Humanos”.
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Consultado el lunes en La Moneda sobre las declaraciones de Bachelet, Bellolio respondió que “en un país democrático, quien determina si hay o no eventuales violaciones a los derechos humanos no son los gobiernos, no son otras personas, no son ex presidentes, sino que son los tribunales de justicia”.
El vocero destacó que “en nuestro país hay un orden democrático y por lo tanto eso está en manos de los fiscales y de los tribunales. Y quiero recordar que fue el propio presidente Piñera quien pidió a la oficina, en que hoy día está la ex presidenta Bachelet, que concurriera a nuestro país e hiciera un informe, así como también solicitó a otros organismos internacionales”.
Bellolio aseguró que los ámbitos relacionados con DD.HH. son “fundamentales” para el Ejecutivo “porque hay un compromiso clarísimo: nunca jamás se pueden justificar las violaciones a los DD.HH., ni las que ocurrieron en dictadura en nuestro país, ni las que ocurren en las dictaduras en Latinoamérica ni otras partes del mundo y las que puedan ocurrir en el futuro”.
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