Bancada PPD-Independientes oficia a Contraloría para que se pronuncie por qué no se ha publicado decreto con recortes en Salud

La bancada de diputados del Partido por la Democracia (PPD) e Independientes ingresó una acción formal ante la Contraloría General de la República (CGR) con el objetivo de presionar al Ejecutivo frente a una de las medidas más controvertidas en materia de gestión pública reciente. Los parlamentarios buscan que el órgano contralor explique los motivos por los cuales aún no se ha publicado en el Diario Oficial el Decreto 333, documento emanado desde el Ministerio de Hacienda que establece recortes presupuestarios en el Ministerio de Salud, bajo la actual administración del Presidente José Antonio Kast.

El retraso de esta publicación no representa un asunto meramente administrativo, sino que genera un profundo bloqueo político y judicial en el Congreso. Al no estar vigente de forma pública la normativa legal, los legisladores de oposición se ven impedidos de iniciar una ofensiva judicial mayor: la Ley Orgánica Constitucional (LOC) del Tribunal Constitucional (TC) exige como requisito obligatorio acompañar el texto publicado para poder declarar admisible cualquier requerimiento. De esta forma, la demora del Gobierno frena directamente la posibilidad de que los parlamentarios acudan al TC para intentar congelar el ajuste de fondos, sumándose a las tensiones previas por la disponibilidad de recursos en la red asistencial, un escenario que ya ha abierto intensos debates parlamentarios detallados en coberturas previas de La Tercera.

El diputado y jefe de la bancada PPD-Independientes, Raúl Soto, apuntó duramente a la estrategia de La Moneda frente a esta situación y defendió las facultades de la Cámara Baja. El parlamentario argumentó que “Hemos oficiado a la Contraloría para que se pronuncie sobre las razones por las cuales ha existido tanta opacidad y poca transparencia sobre los recortes presupuestarios. De hecho, no se ha publicado el Decreto 333 sobre los recortes en salud que está realizando el Ministerio de Hacienda. Esto trae consecuencias, falta de certeza jurídica, y dificultad para ejercer nuestro legítimo rol fiscalizador, lo cual esperamos esclarecer”.

Desde el bloque fiscalizador aseguran que el fondo del decreto gubernamental podría vulnerar las bases de la carta fundamental, por lo que la celeridad en la respuesta del ente liderado por la CGR resulta clave para los pasos legales que tomará el Congreso en los próximos días. “Creemos que podrían existir posibles vicios de constitucionalidad en estos decretos, y estamos evaluando un requerimiento al TC para solicitar que se frenen los recortes presupuestarios. Esperamos que la Contraloría responda lo antes posible, y se nos aclare lo que está pasando”, complementó el diputado Raúl Soto.

La preocupación por el impacto directo en la red asistencial pública y el financiamiento hospitalario también forma parte de los argumentos de la bancada, en momentos donde el sistema sanitario enfrenta una alta demanda estacional. Al respecto, el diputado PPD y miembro de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, Fernando Zamorano, sostuvo que “no podemos aceptar que se recorten recursos destinados a la salud pública mediante una decisión administrativa que termina afectando a los pacientes. Cuando hay listas de espera, una red asistencial bajo presión y necesidades crecientes en hospitales y atención primaria, resulta incomprensible que el Gobierno opte por disminuir recursos en un área tan sensible. Vamos a utilizar todas las herramientas institucionales disponibles para defender el derecho a la salud”.