Este lunes la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, manifestó estar “profundamente preocupada” por la muerte bajo custodia en Venezuela del capitán de marina retirado, Rafael Avosta Arévalo, tras ser presuntamente torturado.
Además, señaló que es imperativo que las autoridades venezolanas lleven a cabo una investigación rápida, exhaustiva, eficaz, independiente, imparcial y transparente de su muerte.
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“Estoy conmocionada por la presunta tortura del capitán Acosta Arévalo y porque el trato al que fue sometido mientras estaba en custodia puede haber sido la causa de su muerte. Recuerdo a las autoridades venezolanas que son responsables de la vida, y de la integridad física y psicológica de todas las personas privadas de libertad”, dijo a través de un comunicado.
“Urjo a las autoridades a llevar a cabo una profunda investigación -que incluya una autopsia que siga los estándares internacionales- que sea independiente y transparente. Esto es esencial para arrojar luz no solo sobre lo que ocurrió con él, sino también para facilitar que se lleve ante a la justicia a los responsables de su muerte”, agregó.
El capitán Rafael Acosta Arévalo fue detenido el 21 de junio por hombres armados sin identificar y estuvo en paradero desconocido durante siete días. Su familia y sus abogados no fueron informados de su paradero a pesar de repetidas solicitudes, hasta que el 28 de junio, fue llevado ante un tribunal militar por miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) junto a otros cuatro militares y dos ex funcionarios de seguridad acusados de confabularse para asesinar al presidente, Nicolás Maduro Moros.
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Según su abogado, el capitán Acosta Arévalo fue presentado ante el juez en silla de ruedas, fue incapaz de hablar y mostraba claros signos de haber sido torturado. El juez lo envió a un hospital militar, donde murió en la madrugada del 29 de junio. A pesar de numerosos requerimientos, ni su abogado ni sus familiares han tenido aún acceso a su cuerpo.
El caso ha generado una serie de reacciones por parte de miembros de la Unión Europea como Francia y Alemania, que condenaron la muerte y pidieron “esclarecer rápida y exhaustivamente las circunstancias” en que ella ocurrió a través de una investigación independiente.
Por otra parte, Bachelet valoró el rápido actuar de a Oficina del Fiscal General al abrir una investigación por este caso y llamó a que los uniformados que fueron detenidos junto al capitán Acosta Arévalo puedan “recibir visitas de sus abogados y familiares, que se aseguren que sean tratados con humanidad y dignidad, y que eviten que sufran torturas y otras formas de maltrato”.
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Si bien la Alta Comisionada aplaudió la rápida acción de la Oficina del Fiscal General de abrir una investigación sobre la muerte del capitán Acosta Arévalo y señaló que dos miembros de la DGCIM han sido procesados por asesinato en primer grado, lamentó que las alegaciones de tortura no hayan sido aparentemente incluidas en los cargos.
“Se deben adoptar urgentemente medidas para prevenir la reincidencia de la tortura y otros malos tratos de personas bajo custodia del Estado”, cerró.
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