El presidente José Antonio Kast encabezó este lunes la firma del proyecto de reforma constitucional enfocado en la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).
La iniciativa contempla más de 30 proyectos, entre mociones parlamentarias, otras que serán presentadas por el Gobierno y normas que ya están en el Congreso, a las cuales se les cambiará la urgencia para que la agenda pueda salir adelante durante el segundo semestre de este año.
Entre los principales aspectos de la ACOT se encuentra establecer expresamente que proteger la seguridad de las personas es un deber del Estado —disposición que quedará establecida en la Constitución—, la creación de un registro de organizaciones criminales terroristas en Chile y medidas para sancionar la pertenencia a organizaciones criminales, junto con modificaciones a los regímenes carcelarios.
También contempla mantener un despliegue policial permanente en los 50 barrios más críticos del país, la ampliación del plazo de flagrancia de 12 a 24 horas y reforzar la búsqueda de prófugos y el control fronterizo.
En la instancia, el mandatario afirmó que la crisis de seguridad “excede por largo un solo Gobierno. Uno podría atribuirle a un gobierno toda la responsabilidad, pero no es así. Este fenómeno del crimen organizado transnacional, el tema del terrorismo, viene de larga data”.
“Para recuperar la seguridad, tenemos que hacer cambios acotados pero fuertes en nuestra legislación, partiendo por la Carta Fundamental. Hoy día en el artículo primero está consagrada la seguridad nacional; la seguridad pública está consagrada en otros artículos, pero para que esté en las bases de la institucionalidad, es fundamental que esté en el artículo primero“, dijo.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, aseveró que “la reforma hace tres cosas. Lo primero, reconocer en el artículo primero de la Constitución, en las bases de la institucionalidad, que la seguridad pública es un deber del Estado”.
Y agregó que “los estados de excepción que existen fueron pensados para guerras, catástrofes, desórdenes públicos. Ninguno fue diseñado para recuperar un barrio donde una banda decide quién entra y quién sale, y a qué hora se circula. Será una facultad acotada, con una causal precisa, un territorio delimitado y un plazo determinado“.
Respecto a la creación de un nuevo estado de excepción, desde el Gobierno detallaron que su objetivo es “enfrentar graves alteraciones de seguridad pública causadas por organizaciones criminales o terroristas. Esta reforma permite que el Presidente decrete este estado de excepción para actuar en barrios, polígonos o territorios capturados por organizaciones criminales”.
Además, “tendrá una duración acotada, se renovará tras ser aprobada por el Congreso y las Fuerzas Armadas podrán apoyar a las policías en tareas de vigilancia, logística, control perimetral o apoyo técnico. Este estado de excepción permitirá establecer controles de desplazamiento y reunión, así como requisar bienes y acceder a telecomunicaciones, entre otros aspectos”.
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