Este martes se conoció de una nueva expulsión de 66 inmigrantes, quienes abandonaron el país a eso de las 8 de la mañana, como parte del plan de expulsión que ha impulsado el gobierno de Sebastián Piñera.
Se trata de 37 colombianos con antecedentes delictuales y 29 venezolanos irregulares en el país, quienes fueron trasladados en un vuelo de la FACh, en el que luego regresaron 107 chilenos residentes en Venezuela y que lo habían solicitado a las autoridades.
La aeronave realizó escalas en Bogotá y Caracas, y en esta última ciudad fue donde abordaron los 107 chilenos, quienes solicitaron regresar al país debido a que enfrentaban escenarios complejos, mayoritariamente asociados a salud.
El plan de expulsión ha sido ejecutado a través del Ministerio del Interior durante 2018 y 2019 y, de acuerdo a las cifras del Ejecutivo, durante este año se han concretado 1.317 expulsiones.
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La iniciativa se ha convertido en un tema sensible y en junio pasado el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó un recurso de amparo para tratar de dejar sin efecto las eventuales expulsiones que afectarían a familias extranjeras con sus hijos nacionalizados chilenos.
“Nuestro objetivo es que estas expulsiones se dejen sin efecto, pero no se ha tomado en cuenta algo fundamental que es el interés superior del niño, en el sentido que la medida de expulsión no solamente afecta al extranjero que es obligado abandonar el país, sino también al grupo familiar, donde se incluye a niños con nacionalidad chilena”, agregó Aguirre.
Sin embargo, la acción judicial fue rechazada por la Corte Suprema. El agumento del máximo tribunal sostiene que ya se habían evaluado las circunstancias en las que fueron tomadas las medidas, estas consideran que el fallo, pese a los vínculos familiares, deja sin efecto el interés superior del niño, el que resulta insuficiente para rechazar la expulsión, incluso si se tratase de menores de edad de nacionalidad chilena.
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