La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados continúa la tramitación del proyecto de ley que aumenta el plazo de detención para expulsiones administrativas.
La instancia aprobó la propuesta, que había sido anunciada en junio por el presidente José Antonio Kast, y que permite la retención por hasta 30 días de un migrante irregular en proceso de expulsión administrativa. Actualmente, dicho lapso es de 5 días.
Los parlamentarios recogieron la idea de que el tiempo vigente es insuficiente para poder concretar el proceso administrativo de expulsión. En ese sentido, el texto plantea que, para expulsiones administrativas, la ley deberá fijar el tope máximo de detención, el cual no podrá ser menor a cinco ni superior a 30 días.
Adicionalmente, permite renovar dicho plazo hasta tres veces de manera consecutiva, por un período igual o inferior, a través de una solicitud fundada a la autoridad administrativa y autorizada judicialmente.
En el debate legislativo, el diputado Marcos Barraza recordó que en el 2021 el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional un proyecto que ampliaba el tiempo de detención, ya que la medida debía estar sujeta a control judicial.
En esa línea, indicó que una retención de más de cinco días siempre debe ser mediante una autorización judicial. Con todo, el parlamentario señaló que en delitos vinculados al terrorismo el tiempo de detención es de 10 días. A su juicio, sería excesivo fijar plazos superiores para personas que se presume no habrían cometido delitos además del ingreso irregular a Chile.
Por otro lado, los diputados José Antonio Kast y Luis Sánchez apuntaron a que la normativa considera mecanismos de reclamación, como es el caso del recurso de amparo.
Según dijeron, fijar un control previo obligatorio desvía la figura de la expulsión administrativa, transfiriéndola al ámbito judicial, por lo que sería otro procedimiento.
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