Avanza en el Senado proyecto que busca frenar y sancionar la venta ilegal de medicamentos

La Sala del Senado respaldó la idea de legislar el proyecto que busca frenar y sancionar el comercio irregular de medicamentos. 

La iniciativa, que se encuentra en primer trámite constitucional, tiene como objetivo regular la venta de productos farmacéuticos. Fue presentada por los senadores Juan Luis Castro, Javier Macaya y Ximena Ordenes; además de los exsenadores Francisco Chahuán y Juan Ignacio Latorre.

Recibirá indicaciones hasta el viernes 14 de agosto.

Los parlamentarios señalaron que, según datos del Instituto de Salud Pública (ISP), las incautaciones de remedios ilegales aumentaron un 130% en los últimos 30 años y que en 2025 la autoridad sanitaria decomisó y destruyó más de 48 toneladas de fármacos irregulares.

Durante la discusión, el presidente de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, argumentó que “se hace un abordaje integral en lo sanitario y penal con el objeto de frenar la proliferación en redes sociales, internet, ferias libres o abastecimiento ilícito de medicamentos hoy día de la cadena formal”.

Proyecto sanciona la venta ilegal de remedios

Desde el Senado detallaron que la iniciativa busca sancionar con presidio mayor en grado mínimo (desde 5 años y 1 día hasta 10 años de cárcel) la venta de medicamentos en lugares no autorizados o en internet. También sanciona la fabricación, importación o venta de remedios falsos y penaliza el robo o hurto de fármacos desde camiones de carga o recintos, “permitiendo aplicar técnicas especiales de investigación si este es de carácter organizado”.

E incluye la “prohibición de otorgar o mantener autorizaciones sanitarias o ejercer la dirección técnica de establecimientos de salud a personas condenadas por delitos de tráfico de drogas según la ley 20.000”.

Además, se avanza en sanciones, dosificaciones, abastecimiento y facultades nuevas al ISP para “exigir datos sobre toda la cadena de producción, importación, venta y pérdidas de medicamentos”.

En el texto se señala que se “autoriza a los fiscalizadores a requerir documentación comercial, tributaria o muestras en aduanas e instalaciones y, a su vez, eleva penas en todo lo que signifique sanciones a profesionales de la salud que receten a sabiendas que el medicamento en exceso está destinado a un comercio ilícito”.