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El 26 de agosto fueron presentados ante la Comisión de Régimen Interno del Senado los resultados de una auditoría que detectó pagos excesivos por sobre los $200 millones a funcionarios actuales y retirados.

Según publicó El Mercurio, las conclusiones destacaron tres situaciones urgentes: el “sustento legal de remuneraciones creadas por acuerdos de Régimen Interior; remuneraciones pagadas en exceso a 42 funcionarios de las categorías más altas del servicio entre enero de 2017 y febrero de 2020; y sistema de gestión de metas institucionales y colectivas (recursos públicos)”.

Los pagos, que ascienden a un total de $208.913.576, involucran a 42 funcionarios vigentes y 11 retirados.

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El pago en exceso habría sido motivado por “la sobrestimación del complemento de jornada bruto por la no actualización de la tabla de impuestos por la que se estimaba”.

Al haber establecido un pago adicional para cubrir los tributos y así evitar que disminuyera el sueldo de los aludidos, se habría producido una sobreestimación del impuesto y, por consiguiente, un margen a favor.

A raíz de los antecedentes, se dio origen a un sumario administrativo y se instruyó una “propuesta de modificación al reglamento de personal para entregar al jefe de servicio la facultad de otorgar, por razones fundadas, facilidades de pago para el reintegro de pagos percibidos en exceso”.

Los hallazgos también alertan respecto a que 21 de las 28 metas para el incentivo institucional son replicadas para configurar el total de las “metas colectivas de la corporación”.

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