Este viernes la Comisión de Derechos Fundamentales aprobó en particular el derecho a la salud, consignando que “toda persona tiene derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental”.
El artículo consigna un Sistema Nacional de Salud “de carácter universal, público e integrado”, que “será financiado a través de las rentas generales de la nación“. En tanto, indica que prestadores privados que quieran estar “integrados al Sistema Nacional de Salud no podrán perseguir fines de lucro“.
Asimismo, sostiene que “podrán existir seguros privados voluntarios, los que en ningún caso podrán sustituir el rol del Estado”.
Al respecto, las isapres reaccionaron con críticas. A través de la Asociación de Isapres, cuestionando que “la norma aprobada no prioriza el objetivo que se garanticen derechos para que todas las personas tengan una atención de salud de calidad y oportuna. Para ello, lo que se tiene que hacer es mejorar el sistema público de salud, no eliminar el sistema privado, que funciona bien”, esto, a pesar de que hasta ahora la norma no consigna la eliminación del sistema privado, más bien, no lo integraría al sistema de salud estatal.
Asimismo, cuestionaron que “lo aprobado confunde lo que es un sistema único con un plan universal de salud“, sosteniendo que “el primero implica un salto al vacío, un tremendo riesgo derivado de trasladar a todas las personas al sistema público, sin posibilidad de elección. En cambio, el segundo, es decir, un plan universal, implica garantizar un conjunto de derechos a todas las personas por igual“.
En cuanto a los gastos, a modo de antecedentes, la asociación indicó que “recientemente se dieron a conocer los resultados del análisis de la Fundación Politopedia, que concluye que el Estado se verá obligado a aumentar los gastos fiscales en US$ 730 millones para solventar la llegada de los nuevos beneficiarios, dado que los aportes de 7% de los afiliados de Isapres no bastarían para costear las actuales atenciones en el sistema público”.
En dicha línea, agregó, “también se debe considerar el costo de licencias médicas de las Isapres, que solo durante el 2021 requirieron $950 mil millones”.
Finalmente, desde el sector llamaron a los convencionales “a reflexionar, analizar la propuesta de la comisión con datos técnicos, de modo de no avanzar en cambios que deteriorarán el sistema de salud chileno, en tiempos en los que se requiere robustecer, de modo de responder a las necesidades actuales y desafíos emergentes”.
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