Asesoras de Joaquín Lavín reconocen trabajo para campañas políticas con plataforma financiada por asignaciones parlamentarias

Por
Joaquín Lavín León, exdiputado investigado por el caso SocialTazk.

Nuevos antecedentes surgieron en la investigación contra el exdiputado Joaquín Lavín, quien se encuentra en prisión preventiva tras ser formalizado por tráfico de influencias, fraude al fisco y falsificación de instrumento privado mercantil, estos dos últimos en carácter reiterado.

Según consignó El Mercurio, al menos tres asesoras del exparlamentario declararon nuevamente en abril pasado, a pocos días de la formalización, y reconocieron la utilización de la plataforma SocialTazk para fines vinculados a campañas políticas.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, los hechos indagados habrían generado un perjuicio superior a los $220 millones.

¿Qué declararon las asesoras de Lavín?

Las asesoras habrían reconocido ante los investigadores que la plataforma SocialTazk fue utilizada para labores relacionadas con campañas políticas, pese a que su desarrollo habría sido financiado mediante asignaciones parlamentarias, recursos destinados al trabajo legislativo.

La herramienta habría sido desarrollada por el programador Felipe Vázquez, también imputado en la causa y quien enfrentará un proceso de extradición desde España.

Según los antecedentes del caso, SocialTazk habría operado como un sistema de envío de mensajería masiva con fines electorales, lo que abre un nuevo flanco en la investigación contra el exdiputado.

Una de las frases recogidas en las declaraciones apunta directamente a la continuidad del trabajo rendido con estos recursos: “Rendimos facturas hasta enero del 2026”.

Fiscalía busca ampliar el desafuero

Las diligencias se enmarcan en la solicitud de la Fiscalía para ampliar el desafuero de Lavín, con el objetivo de añadir eventuales delitos electorales vinculados a la comercialización del padrón electoral.

La indagatoria también apunta a otros antecedentes, como la contratación de dos asesores que, según la tesis del Ministerio Público, no habrían cumplido funciones parlamentarias.

Desde la defensa del exdiputado cuestionaron la forma en que se habrían obtenido las declaraciones de las asesoras, al sostener que los testimonios fueron tomados después de exhibirles información parcializada.

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