El rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, y el presidente comisión de Derechos Humanos del Senado, Juan Ignacio Latorre, respondieron a la crítica realizada por el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, contra el proyecto de indulto general para los detenidos en el marco del estallido social.
Peña publicó una columna en El Mercurio titulada La falacia de la bondad en la que señaló que “si bastara la convicción de injusticia para que se pudiera actuar impunemente y con violencia, entonces ninguna comunidad cívica sería posible“.
En el texto apuntó también a que “todo paternalismo oculta un desprecio”.
Ramis y Latorre publicaron su respuesta a través de una columna en el mismo medio y en ella dijeron que “el rector confunde en su análisis lo justo y lo bueno, ya que lo que se busca con esta medida se debe entender dentro del proceso de justicia transicional que requiere nuestro país“.
“La experiencia internacional muestra que, en sociedades fracturadas, afectadas por graves conflictos y violaciones masivas a los DD.HH., la aplicación de un conjunto de medidas judiciales excepcionales, implementadas de forma estratégica, permite iniciar un ciclo de transformación para la restauración de la confianza en las instituciones democráticas y judiciales, el desescalamiento de la violencia y ha ayudado en el mantenimiento de la paz“, señala el texto.
De acuerdo al rector y al senador, “una ley de indulto general es una medida coherente con el proceso de cambio constitucional que busca generar nuevas bases para una convivencia cívica y política”.
Además, sostienen que “es evidente que el Estado posee responsabilidades directas al incubar las causas de la violencia desatada desde esa fecha, por su respuesta extremadamente represiva y por la denegación de justicia, oportuna y eficaz, a las personas detenidas”.
Finalmente, responden a la crítica sobre el “paternalismo” y aseguran que “lo que se debe hacer es escuchar directamente los testimonios de las personas presas y de sus familias, que acusan documentadamente el uso arbitrario de la prisión preventiva y la absoluta falta de proporcionalidad en las penas que se les busca aplicar”.
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