El ministro José García Ruminot profundizó este martes en los alcances del futuro Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades, una de las medidas presentadas por el Gobierno durante la Cuenta Pública. En conversación con T13 Radio, explicó que la propuesta busca establecer sanciones adicionales para personas que sean condenadas por determinados delitos contra funcionarios públicos, instituciones o bienes del Estado.
Sobre el funcionamiento de la iniciativa, el secretario de Estado enfatizó que “todo eso tiene que ser materia de ley, esto no es capricho de la autoridad, esto no puede ser arbitrario”, agregando que “tiene que estar debidamente respaldado en la ley” y que las medidas deberán sustentarse en “resoluciones de carácter judicial”. Asimismo, recalcó que “los derechos fundamentales de las personas, aun cuando se trate de personas que han delinquido, estén también debidamente resguardadas las normas del debido proceso”.
García Ruminot explicó que quienes cometan ciertos delitos podrían enfrentar consecuencias adicionales a las penas ya contempladas por la legislación. “Si una persona golpea a carabineros o golpea a un funcionario de la salud, va a tener la sanción correspondiente a ese delito”, indicó.
Sin embargo, añadió que también “va a poder ser sancionado con la pérdida de algún beneficio del Estado que esté recibiendo”. A juicio del ministro, la medida se justifica porque “alguien que atenta contra personas que le sirven al Estado, personas que le sirven a la sociedad, contra instituciones que le están prestando servicios a toda la sociedad, contra bienes públicos, no pueden al mismo tiempo estar recibiendo beneficios del Estado que se pagan con impuestos de todos los chilenos”.
Durante la entrevista, el ministro también valoró el contenido de la primera Cuenta Pública del Presidente Kast, calificándola como “una Cuenta Pública muy completa, muy convocante”. Según señaló, el Mandatario repasó “cada uno de los compromisos más importantes de su programa de Gobierno”, con especial énfasis en seguridad pública y crecimiento económico. En esa línea, sostuvo que el Ejecutivo busca impulsar medidas para que “la ciudadanía se sienta más protegida y se sienta más tranquila”, además de reforzar “la idea del mayor crecimiento de la economía, de la creación de más empleos y de equilibrio de las cuentas fiscales”.
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