El Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de San Bernardo inició los alegatos de apertura contra Patricio Maturana, el funcionario de Carabineros culpado por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas contra Fabiola Campillai.
En la instancia judicial, la fiscalía y parte querellante presentaron ante el tribunal la teoría que enmarcará el juicio oral. El Ministerio Público pide 12 años de cárcel para Maturana, mientras que los representantes de la víctima y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) piden 15 años de presidio.
La fiscal de Alta Complejidad Occidente, Paola Zárate, destacó la “intencionalidad del acusado en el uso de la carabina anti-gases y la nula colaboración del ex funcionario público durante la investigación”.
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A través de su cuenta de Twitter, la senadora aseguró que “el primer acto de reparación es la obtención de la justicia para quienes hemos sufrido violaciones a los derechos humanos”. Posteriormente, indicó: “Espero que los tribunales de justicia estén a la altura en la condena”.
El primer acto de reparación es la obtención de la justicia para quienes hemos sufrido violaciones a los derechos humanos y espero que los tribunales de justicia estén a la altura en la condena.
Los alegatos de apertura del juicio en poderjudicialtv#JusticiaParaFabiolaCampillai pic.twitter.com/8L8vRXLwta
— Senadora Fabiola Campillai (@DignidadFabiola) May 10, 2022
La actual senadora perdió la vista y el olfato tras el impacto de una bomba lacrimógena que recibió en su rostro cuando estaba esperando la micro para ir a su trabajo el pasado 26 de noviembre de 2019, en pleno estallido social.
Maturana fue detenido y formalizado por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas en contra de Fabiola el pasado 28 de agosto de 2020. En aquella instancia, no se declaró portar una cámara GoPro como prueba de los acontecimientos.
Posteriormente, en julio del 2020, la Fiscalía se enteró que el carabinero portaba una cámara GoPro, lo que endureció sus cautelares (prisión preventiva). La medida fue revertida por Corte de Apelaciones de San Miguel y se decretó arresto domiciliario total.
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