Luego de un año que la Fiscalía Metropolitana Sur iniciara una investigación de oficio contra el alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, tras estallar por televisión el caso que involucró a empleados de su municipio en una de las redes de narcotráfico más peligrosas de la zona, ayer el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella en su contra, que además incluyó a otras ocho personas.
La acción penal apunta a Aguilera por su presunta responsabilidad en los delitos de fraude al fisco y designación de cargos públicos afectos a inhabilidad legal.
En este nuevo escenario judicial, el jefe comunal encargó su defensa a los abogados Felipe Moraga y Juan Yuseff, luego de revocar el patrocinio y poder al equipo de Rodrigo González, quien encabezó su representación hasta hace algunas semanas.
Ahora, Moraga y Yuseff trabajan en una nueva estrategia de defensa ante la eventualidad de alguna imputación de cargos por supuestos ilícitos funcionarios, pues el Ministerio Público no tiene su nombre en la lista de imputados que persigue por infringir la Ley 20.000.
Al respecto, el abogado Felipe Moraga aseguró que “el hecho que el CDE no se haya querellado por delitos relacionados con la ley 20.000, como sugería el reportaje de TVN en sus dos capítulos, reafirma lo que siempre ha señalado la defensa sobre que el alcalde no tiene ninguna vinculación con este tipo de delitos”.
“Creemos que el Consejo de Defensa del Estado es un organismo bastante serio que analiza detalladamente los antecedentes que le entrega el Ministerio Público, y si en el marco de los debates que internamente tiene el CDE con sus consejeros, ellos no consideran que hay mérito para querellarse, eso nos deja muy tranquilos y conformes pues se reafirma la absoluta inocencia en relación a los cargos planteados en contra el alcalde”, concluyó Moraga.
En tanto, paralelamente tras estallar el caso que salpicó a la Municipalidad, Miguel Ángel Aguilera ordenó la realización de un sumario para establecer –a quienes corresponda- las responsabilidades administrativas y negligencias que permitieron la contratación de personas con antecedentes penales y con condenas por infracciones a la ley 20.000.
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