Un recurso de protección presentado por la defensa de Luis Hermosilla que pide el cambio de la fiscal a cargo de la causa por el llamado Caso Audio debido a una reunión sostenida entre el fiscal nacional Ángel Valencia, el exministro Andrés Chadwick y Hermosilla, principal imputado en la indagatoria, ha desencadenado una serie de tensiones dentro del Ministerio Público.
La acción también acusó que en la instancia Valencia se habría comprometido a entregar información sobre causas en contra del expresidente Sebastián Piñera. A través de un comunicado, Valencia desmintió esta información, indicando que nunca existió tal acuerdo.
Este antecedente llevó al abogado Luis Mariano Rendón, querellante en las investigaciones del caso Dominga y Alto Mando, a presentar una denuncia administrativa contra Valencia.
Según Rendón, dicha denuncia no fue respondida, lo que lo llevó a interponer una querella por el delito de “denegación o retardo de servicio”, la que fue admitida este lunes por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, consignó La Tercera.
Detalles de la querella
La querella acusa que la denuncia presentada el 8 de noviembre ante Fiscalía Nacional quedó sin respuesta, pese a que fue recibida por la jefa de gabinete de Valencia, Catalina Wildner, quien habría reconocido el ingreso del documento, pero no volvió a responder a los correos de seguimiento enviados por Rendón.
El abogado argumenta que la falta de respuesta constituye una denegación de servicio, tipificada en el artículo 256 del Código Penal, al considerar que Valencia, como funcionario público, tenía la obligación de atender y resolver la denuncia administrativa.
Rendón sostiene además que esta omisión sería “maliciosa”, ya que podría buscar eludir la responsabilidad administrativa derivada del caso.
En su querella, el abogado pidió la incautación de los correos electrónicos de Wildner y del propio fiscal nacional, así como de su teléfono celular. También solicitó que ambos sean citados a declarar como parte de la investigación.
Por lo que esta jornada, el Séptimo Juzgado de Garantía instruyó al Ministerio Público a resolver la pertinencia de las diligencias requeridas y determinar si los hechos denunciados constituyen delitos.
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