Para las 15:00 horas de este viernes está programada la sesión donde el abogado del presidente Sebastián Piñera, Jorge Gálvez, expondrá ante la comisión revisora de la acusación constitucional los argumentos que denuncian una “intención de crear falsa impresión” hacia el jefe de Estado.
El documento que le fue entregado la noche de este jueves al secretario general de la Cámara de Diputadas y Diputados, Miguel Landeros, afirma que los hechos denunciados en la acusación con la que se busca enjuiciar políticamente al presidente por caso del proyecto minero Dominga, “son manifiestamente falsos, mañosamente relatados y atribuyéndole intenciones basadas en meras suposiciones”.
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El equipo jurídico acusa una “intención de crear la falsa impresión de que don Sebastián Piñera Echenique habría privilegiado sus intereses personales por sobre sus deberes como Presidente de la República”.
“El texto de la Acusación intenta traer a tiempo presente una circunstancia ocurrida entre los años 2010 y 2011, correspondiente a una negociación entre empresas privadas, donde el presidente de la República no tuvo participación ni conocimiento alguno”, sostiene el documento.
Bajo ese punto, los abogados del mandatario afirman que “como es de público conocimiento, desde el año 2009, don Sebastián Piñera se desligó absolutamente de la gestión y administración de las empresas en que participaba y constituyó Fideicomisos Ciegos para la administración de los activos financieros propios y de su familia”.
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La defensa del jefe de Estado también menciona que “la decisión de realizar una operación fuera del país y la forma en que esta se realizó no fue adoptada por la familia Piñera Morel, sino que por los gestores del Proyecto Dominga, con el propósito de incorporar inversionistas extranjeros”.
Además, el documento reitera que el caso contra Piñera ya fue investigado por el Ministerio Público, donde en dicha instancia se descartó que exista delito por parte del presidente. “Aquí no se trata sólo de respetar el principio de la presunción de inocencia, a la cual todos los ciudadanos tienen derecho, sino de una inocencia ya judicialmente declarada”, afirman.
“El propio Contralor General de la República señaló en su oportunidad que estas se habían realizado correctamente tanto en la forma como en el fondo”, añaden.
Finalmente, los abogados sostienen que “no se trata sólo de defender al actual Presidente de la República frente a acusaciones manifiestamente falsas e infundadas. Se trata de la defensa de nuestra Constitución, nuestro Estado de Derecho, nuestra democracia y la institución de la Presidencia de la República”.
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