“Acuerdo por la paz, los DD.HH. y el orden público”: Senadores emplazan al Gobierno, al Ministerio Público y la justicia

Poco antes de las 21:30 horas de este miércoles, los senadores firmaron un “Acuerdo por la paz, los DD.HH. y el orden público” señalando algunos puntos que consideran fundamentales para acabar con los hechos de violencia que se han registrado en el país.

Una agenda social, avanzar en una agenda que incluya reformas policiales y nuevas medidas para enfrentar los delitos, y un llamado para que el Gobierno, la justicia y la Fiscalía sancionen a los responsables de los desmanes, es lo que el presidente del Senado, Jaime Quintana, leyó en una declaración sobre el acuerdo.

“Debemos asumir con coraje nuestra responsabilidad y evitar que el vandalismo quiebre nuestra democracia y la convivencia entre nosotros. Chile es hoy un país profundamente dividido, fracturado por la conmoción interna. Son momentos únicos en nuestra historia que por lo mismo requieren de soluciones excepcionales“, señala el documento que recibió una firma transversal.

“Chile requiere encaminarse sin violencia a un proceso de reunificación cívica y social. Ello supone un esfuerzo económico significativo, un compromiso político social inequívoco con la democracia y un inmediato fin a la violencia“, añade.

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El acuerdo sostiene que “los derechos de todas las personas están siendo afectados. Vemos cómo cada jornada vándalos y delincuentes se toman nuestras calles, destruyendo lo que muchas familias han construido con esfuerzo durante toda su vida. Por lo mismo, es necesario adoptar con valentía medidas para recuperar la paz, garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos y terminar con la violencia“.

Los parlamentarios instaron al Gobierno a “implementar una agenda social profunda con cambios estructurales para enfrentar las desigualdades de nuestro país”.

A su vez, se comprometieron a avanzar “resueltamente en la agenda legislativa de seguridad que incluye proyectos que permitan retomar y reformar las policías, inteligencia, y fortalecer las facultades del Estado para enfrentar los saqueos, barricadas y la acción violenta de los delincuentes”.

Finalmente, emplazaron al Gobierno, al Ministerio Público y a los tribunales de justicia a “usar todas las herramientas legales vigentes para identificar y sancionar a los responsables de los desmanes cometidos”.