El senador e integrante de la Comisión de Seguridad, Andrés Longton (RN), detalló ayer en CNN Chile los cambios que acordó el oficialismo para facilitar la tramitación de la reforma de seguridad.
Según dijo, la contrapropuesta desarrollada junto al presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, conserva solo “un poco” del corazón de la reforma impulsada por el Gobierno, manteniendo casi exclusivamente los regímenes penitenciarios diferenciados.
Lo que se busca es establecer modificaciones y que no se rechace la idea de legislar, para que la propuesta pueda ser tramitada en la Comisión de Constitución y posteriormente en la Sala del Senado y las distintas comisiones.
Respecto al controversial estado de excepción constitucional, se ha planteado que ya no tendría una duración de hasta 240 días sin pasar por el Congreso previamente.
En esa línea, lo que se buscaría es reforzar el estado de emergencia actual con un concepto nuevo, que sería “amenaza”. Esto, además, podría ser suspendido por el Congreso.
Tampoco continuaría la propuesta sobre la facultad presidencial de determinar el carácter de una organización criminal o terrorista.
Lo que se mantendría de la idea original serían los regímenes penitenciarios para delincuentes condenados por delitos de alta peligrosidad.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, sostuvo esta jornada que “el Gobierno no se enamora de una redacción en particular; nos interesa tener la herramienta y que el efecto se produzca. Si los senadores tienen a bien proponer otra redacción para avanzar en tener un listado de organizaciones de crimen organizado, tener un régimen penitenciario más duro, bienvenido sea”.
Según reportó la periodista de CNN Chile, Francisca Cárdenas, la reforma constitucional comenzaría a tramitarse en octubre, después de las Fiestas Patrias y la semana distrital.
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