El fiscal nacional Jorge Abbott, durante la jornada de este miércoles, designó a la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena como la nueva encargada de dirigir la investigación por el caso de la muerte de Tomás Bravo.
Hasta hoy, el rol era desempeñado por el fiscal José Ortíz, quien fue el encargado de presentar los argumentos del Ministerio Público durante la formalización del único imputado del caso, Jorge Escobar.
Mediante un comunicado se informó que “la designación se adoptó de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público que faculta al Fiscal Nacional para designar de oficio a un o una Fiscal Regional dada la ‘gravedad y complejidad’ de los hechos investigados, además de la incorporación de nuevos antecedentes a la causa”.
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Asimismo se estableció que “la Fiscal Regional Marcela Cartagena podrá actuar con los fiscales adjuntos que estime necesarios, entre ellos, el fiscal a cargo hasta hoy de la causa u otro persecutor que considere pertinente para los fines de la investigación”. Es decir, en caso de que así lo requiera, podría incluir a Ortíz dentro de su equipo.
Cabe indicar que dicha decisión habría sido tomada luego que el Ministerio Público, representado por Ortíz, sufriera un revés en la formalización de cargos contra Escobar, tío abuelo de Tomás Bravo.
En la audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Arauco, la jueza desestimó por el momento la comisión de un delito, de acuerdo con los informes del SML y la PDI, por lo que además descartó la prisión preventiva para Jorge Escobar, formalizado por el delito de homicidio calificado.
De acuerdo con la abogada Francisca Castro, presente en el panel de Contigo En Directo, esta decisión “habla bien del Ministerio Público como institución, porque creo que el fiscal Ortíz lo que hizo es vulnerar el principio rector del Ministerio Público, que es el principio de objetividad“.
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Según explicó, esto es porque la Fiscalía es el “ente que por ley está llamado a llevar la investigación, y en esa investigación, todos los antecedentes que se puedan recabar pueden beneficiar al imputado (…), como también, y es lo que estamos acostumbrados, que esa evidencia lo perjudique en el sentido que va cada vez más confirmando su imputación de cargos”.
“En este caso puntual, por lo que hemos tenido acceso (…) es que nos damos cuenta que no había ningún sustento al nivel que ni siquiera fueron capaces de acreditar de forma fehaciente que estamos frente a un delito“, agregó la abogada.
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