Qué duda cabe: la reforma previsional que concluyó con un acuerdo en el Senado ha sido tan larga como engorrosa, muy difícil de entender por las personas de a pie.
En las últimas semanas, hemos presenciado escenas desgarradoras en las que se delatan renuncias dolorosas por lado y lado, y hasta traiciones según fuerzas e individuos ultras en todo el espectro.
Hay algo fútil y ridículo en estas escenas de desgarro: los políticos que las protagonizan las actúan como si hubiese un público de espectadores realmente interesado en presenciar desgarros, decepciones y desmadres. No hay nada ni remotamente parecido en la recepción popular a estas tomas de posición que solo les hablan a nichos y sub-nichos especializados, verdaderas ultra-minorías que, en régimen de votación obligatoria, no harán la diferencia.
Pero más profundamente, lo que ha puesto en evidencia esta larga discusión legislativa es la ruptura entre, por un lado, la UDI y sus partidos aliados de centroderecha y, por otro lado, el Instituto Libertad y Desarrollo que durante años la asesoró suministrando ideas políticas y “técnicas” (un adjetivo muy manoseado por estos días).
La directora de este Instituto Bettina Horst ha sostenido que, tratándose de una reforma compleja, el acuerdo “incorpora componentes de reparto a nuestro sistema de pensiones y obliga a los trabajadores a un préstamo forzoso al Estado”. De nada ha servido que los dirigentes de la UDI y de la centroderecha hayan argumentado en un sentido muy distinto, alegando que reparto no hay por ninguna parte.
Lo interesante de este caso es la mutación de Libertad y Desarrollo desde un respetable tanque de ideas a una tanqueta ideológica, casi guerrillera, en la que se disputa no solo la filosofía del proyecto, sino que cada palabra, término y adjetivo que se utiliza.
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