Las enfermedades de salud mental empeoran la calidad de vida personal y familiar, aumentan el riesgo de enfermedades físicas y significan un costo económico y social tanto para las personas como para el país. La intervención temprana en salud mental es la estrategia que presenta mejores resultados, así como también los programas grupales o comunitarios de promoción y prevención de la salud mental, por lo que deberían convertirse en el foco prioritario de todas las intervenciones. Este tipo de programas presentan el mejor indicador de costo- beneficio y abarca una población mayor que las intervenciones individuales.
Un estudio realizado por la Universidad de Chile y ACHS en abril de este año, “Termómetro de la salud mental en Chile”, indica que un 23,6% de los chilenos presenta sospechas y problemas de salud mental y que el 45,9% de los chilenos evalúa que su estado de ánimo es peor o mucho peor que antes de la pandemia. Por otro lado, los profesionales del área de la salud mental nos hemos alarmado con el creciente número de niños, niñas y adolescentes con problemas de salud mental.
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Un estudio realizado por Save the Children, denominado “Crecer saludable(mente)” hace un análisis sobre la salud mental y el suicidio en la infancia y adolescencia mostrando que la pandemia ha triplicado el número de trastornos mentales entre niños, niñas y adolescentes y la situación empeora aún más para aquellos que viven en hogares de bajos ingresos con una probabilidad 4 veces mayor de sufrir trastornos mentales.
Asimismo, un estudio desarrollado por la Defensoría de la Niñez y la Universidad de Chile, destinada a la población adolescente, los consultados identifican la ansiedad, depresión y autolesiones como los temas de salud mental más preocupantes entre este público objetivo, sin embargo, no hay recursos suficientes para atender a estas demandas, ya que sólo el 60% de los hospitales de la red pública cuenta con atención psicológica.
Si los problemas de salud mental no se abordan tempranamente, esto tendrá una incidencia negativa en la cronificación de estas patologías, aumentando las licencias médicas por trastornos mentales, lo que hará necesario una mayor cantidad de esfuerzos y recursos económicos.
En este sentido los datos de la Superintendencia de Salud nos muestran que desde el año 2008 las licencias médicas por trastornos mentales y del comportamiento se posicionan en el primer puesto de las licencias otorgadas, observándose un incremento por este tipo de licencias durante la pandemia, aumentando un 28.7%.
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Chile destina solo cerca del 2% de su presupuesto anual en salud a salud mental, cifra muy por debajo del 5% que se propuso como meta en el Plan Nacional de Salud mental y Psiquiatría de los periodos 2000-2010 y 2015-2025. A esto se suma que la cobertura de salud mental en Chile alcanza a no más del 20% de la población, muy por debajo de las necesidades.
La saturación de los servicios de salud mental que atienden a la población provoca listas de espera en el sistema público de hasta dos meses para la primera cita, pero además viene acompañado de un problema de calidad de la atención: hasta tres meses entre cita y cita, y con una duración muy corta. Esto cronifica los problemas, aumentando la gravedad del trastorno y llevando muchas veces al suicidio. Algo tenemos que hacer y de manera urgente.
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