“Estamos recogiendo el mensaje de la gente”, dijo el Presidente Piñera este lunes, cuando anunció la extensión del Ingreso Familiar de Emergencia. Un nuevo cambio de las reglas que responde a las masivas críticas de los ciudadanos excluidos y al imparable avance del nuevo retiro de las AFP.
Pero a estas alturas, ya nadie está escuchando. Para enfrentar esta segunda ola y este tercer retiro, el gobierno ha usado el mismo fracasado libreto del año pasado.
Ir subiendo poquito a poco las ayudas, con anuncios cada vez más rimbombantes, pero llenos de excepciones y letras chicas. Aún se recuerda la foto de los ministros y ahora candidatos presidenciales Sebastián Sichel e Ignacio Briones celebrando en el Congreso haber impedido un ingreso de emergencia de más de $65 mil y no decreciente.
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En medio de la peor crisis de empleo en 35 años, el trabajo del gobierno es entregar certezas a una ciudadanía angustiada y liquidez a una economía tambaleante. En cambio, parece empecinado en regatear con los ciudadanos, entregando lo menos posible, y subiendo la apuesta cada vez que la olla a presión del enojo social amenaza con estallar de nuevo.
La Moneda dice que ha entregado ayudas por 10 puntos del PIB, pero la economista Andrea Repetto demostró que, de esos 10 puntos, solo 2 han ido a ayuda directa a las familias, lo que equivale a un promedio de apenas $40 mil mensuales para 8 millones de personas durante la crisis.
Si desde el comienzo de la pandemia el gobierno hubiera dado certezas a los ciudadanos, con inyecciones directas, mensuales y universales de dinero a sus bolsillos, otro gallo cantaría.
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Las familias chilenas sabrían con cuánto dinero cuentan, en vez de estar sometidos a angustiosas postulaciones online. Y los retiros de las AFP, con todas sus negativas consecuencias para las pensiones, no habrían sido una ola imparable.
Gobernar un país no es regatear en un negocio. En política, lo barato cuesta caro.
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