Columna de Claudio Alvarado: Soberbia constituyente

Por Claudio Alvarado

08.07.2021 / 10:22

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El director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES) plantea sus cuestionamientos a algunas declaraciones emitidas por convencionales constituyentes respecto a los dos tercios y los presos del estallido. "La historia muestra que el rupturismo de poca monta no suele tener efectos duraderos ni legítimos", manifiesta.


“Dictatorial”. Así calificó la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, el cuórum de dos tercios establecido en el acuerdo firmado el 15 de noviembre; acuerdo suscrito desde Gabriel Boric hasta la UDI y sin el cual sencillamente no habría proceso constituyente.

Las declaraciones de Loncón se encuadran en una narrativa ya conocida, pero no por eso menos sorprendente: para varios convencionales, las mismas reglas que les permitieron ser electos e integrar la Convención hoy resultan, paradójicamente, inaceptables. Además, Loncón, Jaime Bassa y varios otros constituyentes han insistido en priorizar la discusión sobre los “presos de la revuelta”, pese a que en Chile no hay presos políticos —así lo ha reconocido incluso Human Rights Watch— y pese a que este tipo de agendas implica inmiscuirse de modo indebido en las tareas de otros órganos del Estado. ¿Cómo explicar esta apuesta temeraria que ignora los límites de su encargo?

Me temo que estos convencionales están cometiendo, sin darse cuenta, un error semejante al que llevó a Sebastián Piñera a dilapidar su votación histórica. Después de todo, ellos también están confundiendo una mayoría electoral puntual con una inexistente mayoría sociológica en favor de una agenda partisana que no tiene correlación con las prioridades ciudadanas. Así fue como Piñera transitó de sus énfasis de campaña en favor de la clase media protegida y la necesidad de articular el mérito con la solidaridad, a un gabinete y una narrativa sin complejos que lo condujo al despeñadero. Y así también es como estos convencionales electos por fuera de la política tradicional van adquiriendo los mismos vicios que ellos condenan, cayendo en un ensimismamiento que los aleja rápidamente de la promesa de renovación y relegitimación que traen consigo.

Lo cierto, sin embargo, es que nada indica que la ciudadanía apoyará a través del tiempo el injusto desborde de la institucionalidad que supone desconocer las reglas del juego y la separación de poderes. Todos los antecedentes disponibles sugieren que las grandes mayorías anhelan cambios muy significativos, pero estabilizadores de sus propias vidas: no aumentar la incertidumbre, sino la seguridad de que serán protagonistas de su propio destino.

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Tensionar la Convención distrayéndola de su papel central no colabora ni a los grandes cambios ni al clima que desea nuestra sociedad, cada vez más golpeada por las múltiples crisis que nos ha tocado vivir (basta revisar los dramáticos números que arroja la encuesta Casen para notarlo). No hay que olvidar que este proceso surge para canalizar la crisis por la vía institucional, no para prolongarla ni amplificarla.

En ese sentido, tampoco hay que olvidar que diversos estudios y análisis sugieren que el Chile profundo mira con sumo recelo la polarización de las élites políticas, de las cuales —guste o no— ya pasaron a formar parte los convencionales. Lo que se espera de ellos es que hagan todo lo que esté a su alcance para cumplir su función, que lleguen a acuerdos y saquen adelante su trabajo, con más eficacia y menos estridencia de la que han mostrado hasta ahora. Es visible el ánimo de revancha política y cultural de muchos convencionales, pero si perseveran en el espíritu de reyerta, muy pronto inspirarán una confianza tan pobre como la que actualmente despiertan los demás poderes del Estado.

Otro aspecto que pierden de vista aquellos convencionales que buscan de manera pública o soterrada ignorar los bordes de su misión es que más temprano que tarde comenzarán a ser examinados con todo el rigor del caso, tal como ocurre a diario con las diversas autoridades del país. Hasta ahora, en general, han gozado del beneplácito e incluso de la condescendencia de diversos medios y periodistas, pero como cualquier instancia del Estado, lo lógico es que sean duramente fiscalizados. No es casual, por ejemplo, que un editorial publicado el fin de semana por The Clinic advierta que “no hay legitimidad asegurada para la Convención” y que su legitimación dependerá de que “llegue efectivamente a convocar a una mayoría que ratifique su obra”, lo que exige “modestia de cara a los ciudadanos”.

En suma, los convencionales estarán en la primera plana, y tanto la ciudadanía como los medios les exigirán estar a la altura de las circunstancias. Quienes continúen obsesionados con la (inexistente) soberanía de la Convención o cualquier cantinela de esa índole, al fin y al cabo sufrirán las consecuencias de ese escrutinio.

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Por un lado, su comportamiento horada no sólo las bases del acuerdo que supone el cambio constitucional, sino también su propia credibilidad. Por otro, la historia muestra que el rupturismo de poca monta no suele tener efectos duraderos ni legítimos, a diferencia de aquellas transformaciones que se producen en el marco de instituciones democráticas, la separación de poderes y el imperio del derecho. Sin ir más lejos, ya vimos cómo terminó el cruce entre la candidata Oliva y el gobernador Orrego.

Todo esto, naturalmente, debiera llevar a los actores políticos tradicionales y a los convencionales de centroizquierda y centroderecha comprometidos con las vías institucionales a retomar la confianza en el papel que pueden cumplir en este proceso. En términos simples, ellos también deben estar a la altura de las circunstancias; de ahí la gravedad del actuar negligente de La Moneda de cara al inicio de la Convención. Esto implica apertura al diálogo y a la conversación razonada, exigirles a los demás constituyentes el respeto de las reglas y, por supuesto, erradicar cualquier atisbo de violencia como método de acción política (lo más grave que ha ocurrido estos días es, sin lugar a duda, la agresión al convencional Ruggero Cozzi).

Desde luego, se trata de mínimos demasiado elementales, pero son precisamente el tipo de mínimos que en estos días han sido puesto en entredicho desde el interior de la propia Convención. Y más importante aún, son los mínimos sin los cuales el órgano constituyente podrán ofrecer muchas cosas, pero no un nuevo texto constitucional que, aprobado por una amplia mayoría en el plebiscito de salida, logre generar lealtad a través del tiempo.