Durante este miércoles, en una sesión extraordinaria, el Consejo Regional de Arica y Parinacota, encabezado por el gobernador Diego Paco, aprobó la iniciativa denominada “Saneamiento Programa Demolición Cerro Chuño Etapa I”.
Con 9 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones, el Consejo autorizó que el Gobierno Regional destine $3.292 millones provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para financiar el inicio de la erradicación de este sector.
La medida busca concretar la primera fase del plan liderado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), que contempla la demolición de estructuras, la apertura y operación de un depósito en Quebrada Encantada para el aislamiento de materiales contaminados con polimetales y el traslado seguro de residuos, en medio de una problemática ambiental que ha afectado a la zona durante más de tres décadas.
“Este proyecto busca acelerar la demolición de Cerro Chuño porque entendemos que la seguridad de nuestra región no puede seguir esperando. Hoy existen restricciones presupuestarias a nivel nacional, todos lo sabemos, y teníamos dos opciones: quedarnos de brazos cruzados o buscar soluciones. Nosotros elegimos actuar”, subrayó el gobernador regional.
La primera fase del plan
Inicialmente, se contempla la demolición de las fundaciones de viviendas en cinco manzanas de Cerro Chuño, sumando un total de 220 moradas intervenidas.
El plan completo considera cuatro etapas y un costo total de $10.000 millones. El Ejecutivo será el encargado de destinar los recursos restantes a través de fondos sectoriales.
Por su parte, el delegado presidencial, Cristian Sayes, informó que el proceso cuenta con el acompañamiento de diversas instituciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la Defensoría de la Niñez y la Contraloría General de la República (CGR), con el objetivo de garantizar una gestión adecuada y libre de errores.
“Cada una de estas instituciones va a orientarnos para no cometer errores y lograr una buena gestión. Porque no solo estamos haciendo esto por un compromiso o por el grito de la ciudadanía, sino también porque estamos salvando la vida de las personas que actualmente viven allí. Son personas que están en situación irregular, que se han tomado las casas, pero también pensamos en su salud”, remarcó el delegado Sayes.
Además, detalló que aproximadamente 700 personas serán desalojadas en esta primera fase, de las cuales el 74% corresponde a ciudadanos extranjeros.
“Entre los chilenos, hay ocho personas que tienen subsidio, que poseen una vivienda y la están arrendando mientras viven en Cerro Chuño. Hay otras 12 familias que ya se adjudicaron su beneficio social y están a la espera de adquirir su casa. También hay personas que efectivamente debemos desalojar y que no merecen ningún beneficio”, precisó.
La Delegación Presidencial confirmó que, tras la obtención de los recursos, el Ejecutivo procederá a la ejecución inmediata del plan de erradicación. El proceso contempla, además, la expulsión administrativa de 141 ciudadanos extranjeros en esta fase inicial.
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