Por Gloria de la Fuente
DIEGO MARTIN / AGENCIAUNO

Por fin se constituyó la Convención Constitucional, cumpliéndose con ello uno de los hitos más relevantes de este largo proceso institucional para escribir una la nueva carta fundamental de Chile. Más allá de los problemas en los primeros momentos, que retardaron la ceremonia de instalación, lo cierto es que fue una jornada impecable, llena de simbolismos y de señales que dan cuenta, efectivamente, que Chile ha iniciado una otra etapa de su historia.

Este nuevo ciclo tiene como característica inédita en nuestra historia y en el mundo: la representación paritaria y de pueblos originarios. Y éstas se cristalizaron en el nombramiento de una mujer mapuche en la presidencia de la Convención, una señal de reencuentro y de reivindicación para los grupos largamente maltratados y discriminados.

Lo que vivimos ayer fue, además, una jornada impecable porque en una práctica republicana también original, cada ciudadano de este país pudo ser testigo de un proceso abierto, de cara a la ciudadanía. Y ese será, probablemente, el estándar que en adelante se impondrá para el trabajo de la Convención.

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Los desafíos que ésta deberá enfrentar son de extrema relevancia. En lo inmediato, la Convención tendrá que darse un reglamento con foco en los procedimientos, para facilitar la tarea, y en la transparencia del proceso, tal como ha señalado la propia presidenta de la Convención.

Esto último será un elemento clave, puesto que parte importante de la confianza de lo que allí suceda, dependerá de manera importante de la posibilidad que la ciudadanía pueda ir haciendo un seguimiento a lo que allí ocurre y hacer exigible el imperativo democrático de la rendición de cuentas a la ciudadanía.

Al tiempo, serán muy relevantes el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de probidad y regulación de lobby. En un breve plazo la convención tiene la misión de habilitar que cada Convencional Constituyente realice una declaración de intereses y patrimonio y un registro en materia de lobby, sumando así también una herramienta adicional de control social al trabajo de la Convención.

No queda más que sentirnos orgullosos como país, porque hemos encontrado un camino institucional para enfrentar nuestras evidentes fracturas sociales. No por nada, desde que ocurriera el estallido social, el Índice de Democracia de The Economist –medición que se inició el 2006- nos ha puesto por primera vez como una democracia plena. De una democracia defectuosa pasamos a una democracia donde la ciudadanía levantó la voz para exigir cambios y encontrar un camino sin exclusiones y desde las instituciones.

Ha nacido una nueva esperanza que no puede más que comprometernos a cuidar con acciones y declaraciones que cada uno de los hitos que tiene por delante esta Convención, sean una oportunidad para el reencuentro. Para ello, el diálogo dentro de la Convención y fuera de ella será clave. Encontrarse en la diferencia y aceptarla es parte de la construcción de un país de futuro y hacer ello con transparencia, de cara a la ciudadanía, requisitos básicos.

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