Por Alejandra Arratia
Agencia UNO

Lamentablemente, la conversación respecto a la violencia en los establecimientos educacionales se vuelve a ver copada por la discusión respecto a la relevancia, o no, de la aplicación de la Ley Aula Segura, aprobada en diciembre de 2018.

¿Por qué es lamentable? Por diversas razones, aunque para los propósitos de esta columna nos centraremos fundamentalmente en tres que son importantes de analizar si queremos tomarnos en serio un desafío sin dudas altamente complejo, urgente y de largo plazo en nuestro sistema educativo.

La primera es que “arrincona” la comprensión del tema de la violencia en los liceos emblemáticos como si fuera un fenómeno aislado y de alguna manera independiente de la sociedad en que vivimos. La segunda es que simplifica la forma en que se debe abordar este fenómeno de un modo bastante superficial, casi mágico, como si por el hecho de aplicar esta ley y cambiar a las personas de establecimiento educacional el problema fuera a dejar de existir. La tercera, nos distrae de pensar en profundidad, y abordar seriamente la reflexión y las medidas a tomar para resguardar la seguridad, no solo física, sino que psicológica, de género, emocional y social, desde una perspectiva formativa, en todos los establecimientos educativos. Esto es parte esencial de la labor educativa, y no podemos renunciar a ella si realmente queremos garantizar el derecho a la educación.

Respecto al primer problema, es fundamental entender que los establecimientos educacionales no son espacios impermeables al resto de la sociedad, ni mucho menos. Por el contrario, en estos se replican, y muchas veces se exacerban, los fenómenos de violencia que vemos en distintos espacios públicos. Sin duda tenemos una situación bastante crítica en algunos liceos emblemáticos, especialmente de la Región Metropolitana. De acuerdo a los datos compartidos a la opinión pública, este año llevamos 108 detenidos en el marco de situaciones de violencia alrededor de estos establecimientos, el 62% de los cuales pertenecen solo a tres establecimientos emblemáticos.

Sin embargo, y por desgracia, esto es algo que vemos en distintos ámbitos de la esfera pública, incluso en el ámbito político, con ataques verbales y físicos en medio de las discusiones parlamentarias en el Congreso Nacional. ¿Cómo esperamos modelar formas no violentas de relacionarnos y resolver los legítimos conflictos que implica la vida en común, si muchas veces las y los mismos adultos estamos transmitiendo patrones violentos y poco respetuosos? Esta pregunta nos debe interpelar a todos y todas, pues, como señalara nuestra Premio Nobel Gabriela Mistral, debemos tener presente que enseñamos siempre “en el patio y en la calle como en la sala de clase. Enseñar con actitud, el gesto y la palabra”.

Respecto al segundo problema, es muy importante entender el desafío de combatir la violencia desde la perspectiva de la sociedad en su conjunto, y no solo desde la perspectiva de un establecimiento educacional, o una comuna, en particular. Ciertamente, los actos de violencia que estamos observando son totalmente inaceptables, deben ser condenados sin tapujos y enfrentar los procesos legales que correspondan. Sin embargo, creer que solamente por cambiar al estudiante de establecimiento esto se va a resolver es iluso, incluso algo inocente, y muestra que estamos viendo solo la punta de un iceberg que es bastante más profundo y sistémico. La lógica punitiva de buscar solucionar este problema “sacando la manzana podrida” no tan solo no lo resuelve, sino que, a la larga, implica marginar y fraccionar aún más la sociedad en que vivimos. ¿Cómo se reinsertan esos o esas estudiantes en otras comunidades educativas, por ejemplo, cómo se aborda el desafío de la reparación de las comunidades educativas fragmentadas, cómo se modela la toma de perspectiva, la empatía, la necesidad de reparación si las acciones se reducen a la expulsión? Estas son preguntas que debemos abordar en profundidad.

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Finalmente, en relación con el tercer problema, estrechar la conversación nuevamente en el tema de la aplicación de la ley Aula Segura nos impide abordar responsablemente el tema de fondo respecto a cómo promover y asegurar que todas las comunidades educativas sean un espacio seguro, en el amplio sentido de la palabra. Esto implica, para empezar, entender la seguridad no solo desde la perspectiva física, sino que también psicológica, sexual y de género, emocional y social, abordando el desafío de construir estos espacios desde una perspectiva formativa. Este es parte consustancial y estratégica de la labor educativa, pues el aprender a vivir en comunidad es de los aprendizajes más importantes del sistema educativo, y se aprende a través de la experiencia y de la práctica, mucho más que a través del discurso y la teoría.  No podemos olvidar que estamos hablando de estudiantes, que tienen derecho a la educación, y que si algunos de ellos o ellas cree que la violencia es la vía para resolver los conflictos, son personas a quienes como sistema educativo les hemos fallado en enseñar a vivir con otros, dialogar y abordar democráticamente las naturales diferencias y desafíos de la vida en comunidad. Centrar nuevamente la conversación solamente en la expulsión del estudiante que incurrió en conductas violentas no resuelve el conflicto de fondo. Detrás de este hecho hay una serie de eslabones previos donde existe un proceso acumulado y muchas veces sostenido por un largo tiempo. Es por esto que desde Educación 2020, desde los inicios de esta ley, hemos buscado abordar este desafío desde la perspectiva formativa, no meramente punitiva.

Necesitamos profundizar en esta reflexión, impulsando medidas como por ejemplo una mayor y mejor educación socioemocional, el cuidado de los equipos de personas adultas en las escuelas y liceos -que somos figuras de apego secundario claves para el vínculo con las y los jóvenes-, potenciar la participación y con construcción de acuerdos compartidos de convivencia y gestión de conflictos al interior de los establecimientos, fortalecer la comunicación constante con las familias, abriendo espacios de participación, diálogo y formación y activar redes de apoyos locales, especialmente para abordar los problemas de salud mental que existen en las comunidades educativas. Por cierto, se requiere también que los organismos pertinentes investiguen y sancionen adecuadamente los hechos delictivos que se produzcan. Sin embargo, limitar la reflexión pública y las medidas solamente al tema de la aplicación de una ley en particular, sin considerar al menos los elementos revisados en esta columna, nos limita a ver exclusivamente la punta del iceberg, no nos deja ver debajo del agua, y entender en su complejidad un desafío que requiere un abordaje sistémico y que incorpore prioritariamente el enfoque formativo que debe ser el foco de la labor educativa.

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