Luz verde ambiental para Tovaku: La mina de cobre de Codelco y Pucobre por US$ 870 millones

La Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta aprobó este viernes el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Minero Tovaku, la iniciativa de cobre que desarrollan Pucobre y Codelco en las comunas de María Elena y Tocopilla, con una inversión de US$ 870 millones.

La aprobación se dio en la sesión ordinaria número 15 de la comisión, tras una evaluación que se extendió por cerca de 15 meses, desde el ingreso del proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), en julio de 2025.

En ese período, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) emitió tres rondas de observaciones y el titular respondió con tres adendas, la última en agosto de este año. En su Informe Consolidado de Evaluación, el SEA de la región recomendó aprobar íntegramente la iniciativa.

Proyecto producirá 46 mil toneladas de cobre al año

El proyecto contempla la explotación a rajo abierto del yacimiento Puntillas durante 21 años, con una producción anual de 46.000 toneladas de cátodos de cobre de alta pureza. En total, la mina extraerá 970,8 millones de toneladas de material, de las cuales 633,5 millones corresponden a mineral, para una producción acumulada de 917.457 toneladas de cátodos.

El yacimiento, de óxidos y sulfatos de cobre con una ley promedio de 0,198%, será procesado mediante un sistema hidrometalúrgico de chancado, lixiviación en pilas, extracción por solventes y electroobtención. La faena se ubicará a 55 kilómetros al noreste de Tocopilla, 40 kilómetros al norte de María Elena y 32 kilómetros al suroeste de Quillagua.

Además de la zona mina y planta, la iniciativa de minería incluye un parque solar fotovoltaico de 193 MW con almacenamiento en baterías, una línea de transmisión eléctrica de 220 kV y 27 kilómetros, y un sistema de impulsión de agua de mar de 72,5 kilómetros, que transportará un caudal máximo de 425 litros por segundo desde la Central Térmica Tocopilla.

Según el informe del SEA, la construcción comenzaría en el segundo semestre de 2027 y se extendería por tres años, con un máximo de 984 trabajadores. En la fase de operación, el proyecto requerirá hasta 700 personas, mientras que la entrada en producción está prevista para 2030, según informaron las compañías.

Organismos de aguas plantearon reparos

Sin embargo, la aprobación llegó con reparos de los organismos con competencia en materia de aguas. En la etapa final, la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) y la Dirección General de Aguas (DGA) de la región cuestionaron la decisión del SEA de descartar un permiso ambiental sectorial, el PAS 157, para los tres canales que desviarán aguas de quebradas naturales hacia otras quebradas, con el fin de proteger el rajo y las instalaciones.

“Este servicio no comparte la determinación del SEA respecto de definir la no aplicabilidad del PAS 157 a las obras de desvío de aguas de cauces naturales mediante un canal artificial”, señaló el director regional de la DOH, Carol Gálvez, en su oficio del 22 de octubre.

“Esto implica, que este servicio no puede visar favorablemente el ICE de este proyecto”, agregó.

La DGA, en tanto, sostuvo que durante la evaluación solo se entregaron parcialmente los antecedentes técnicos solicitados.

“No es posible aseverar que las obras no afectarán la vida o salud de los habitantes, por cuanto no se tienen los antecedentes para comprobar que no alteran significativamente el escurrimiento y los procesos erosivos naturales del cauce”, afirmó el director regional del organismo, David Espinoza.

No obstante, la entidad sí descartó que las obras vayan a contaminar las aguas y advirtió que la decisión del SEA no exime al titular de cumplir sus obligaciones sectoriales.

Proyecto contempla medidas por hallazgos arqueológicos

La evaluación también identificó impactos significativos sobre el patrimonio cultural. Durante la prospección arqueológica se registraron 118 hallazgos, de los cuales 63 se encuentran dentro del área de influencia del proyecto y serán intervenidos durante la construcción.

Para hacerse cargo de ese impacto, la empresa comprometió un monitoreo arqueológico permanente como medida de mitigación, además del rescate arqueológico de los sitios y el registro aerofotogramétrico y topográfico de los rasgos lineales como medidas de compensación.

El proyecto también generó inquietud en la Comunidad Indígena Aymara de Quillagua, la única agrupación indígena identificada en el área. En una reunión con el SEA en agosto de 2025, sus integrantes manifestaron su preocupación por sitios de valor cultural ubicados dentro del área de emplazamiento de la mina, como la Quebrada del Duende, donde existen geoglifos en los que realizan pagos a la tierra y celebran el Año Nuevo Indígena.

En noviembre de ese año, la comunidad presentó observaciones formales en las que solicitó al SEA iniciar un proceso de consulta indígena, argumentando que el proyecto pretende emplazarse en su territorio de demanda ancestral.

Sin embargo, el informe final concluyó que las obras no estarán emplazadas sobre ni cerca de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, y la evaluación no contempló un proceso de consulta indígena. La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), en tanto, visó el informe sin observaciones.

Durante el proceso de participación ciudadana se realizaron tres actividades en María Elena y Tocopilla, con cerca de un centenar de asistentes, y se recibieron observaciones de cinco personas y organizaciones, de las cuales cuatro fueron declaradas admisibles.

Primera alianza de Codelco con un privado bajo Fontaine

Tovaku es la primera alianza con un privado concretada por Codelco bajo la presidencia de Bernardo Fontaine. En agosto, ambas compañías formalizaron la sociedad, en la que Pucobre tiene un 60% de participación y Codelco un 40%.

Codelco aporta las concesiones mineras, mientras que Pucobre aporta los estudios y financia el desarrollo y la construcción del proyecto.