El Servicio de Impuestos Internos (SII) se querelló contra un clan familiar que recibía devoluciones de impuestos indebidas, generando un perjuicio de alrededor de 800 millones de pesos.
Se trata de dos querellas criminales presentadas ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo en contra de siete personas acusadas de “organizar un particular esquema de devoluciones de impuestos fraudulentas”.
Según detalló la institución, el líder de la agrupación —un asesor tributario— entregó información de dividendos inexistentes de una sociedad anónima y “a través de los demás miembros del grupo familiar reclutó a más de 150 personas para obtener devoluciones improcedentes a través de la declaración de declaraciones de impuestos F22 falsas, quedándose con la mayor parte del dinero devuelto por el Estado”.
La gran mayoría de los reclutados eran de escasos recursos sin conocimientos tributarios, a quienes se les prometió participar en un negocio legal relacionado con acciones de una empresa, solicitándoles su RUT y clave de acceso al SII.
Con estos datos, el profesional contable realizaba el resto del trámite y luego presentaba ante el SII las declaraciones juradas falsas, señalando que la empresa “había distribuido millonarios dividendos a sus accionistas durante 2022 y 2023”.
Sin embargo, el SII indicó que la sociedad “no había distribuido dividendos desde 2020. Los dividendos, por tanto, eran falsos”.
Respecto al esquema del fraude, el involucrado principal era el jefe de la operación, mientras que su primo tenía el rol de “reclutador” y recibía entre $50 mil y $100 mil por cada persona ingresada. Sus hermanas, hijas y otros parientes también aparecían como “reclutadores” e incluso recibían los dineros en sus cuentas bancarias.
El Servicio detalló que se imputa el delito tributario de obtención fraudulenta de devoluciones de impuestos, el cual es sancionado en el artículo 97 N°4 inciso tercero del Código Tributario, con presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado medio, más una multa de entre el 100% y el 400% de lo defraudado.
Adicionalmente, solicitó considerar como agravante el uso de asesoría tributaria para la comisión del ilícito y su carácter reiterado.
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