El Gobierno detalló las medidas del Plan Chile Despega, con el que busca generar más de 100 mil puestos de trabajo, en un contexto de desocupación de 9,5%.
La iniciativa moviliza US$ 1.344 millones en inversión, obras y medidas de empleo, y se ordena en cuatro líneas: acelerar la inversión pública, subsidiar la contratación, dar liquidez a empresas y proveedores, y coordinar la ejecución en los territorios con seguimiento.
Las medidas no tienen la misma naturaleza fiscal, ya que algunas adelantan recursos ya aprobados en el presupuesto, otras agregan gasto nuevo y otras funcionan como garantías, sin un desembolso equivalente. Esa distinción es clave para interpretar la cifra global del plan.
El primer grupo es la aceleración del presupuesto vigente. Entre septiembre y diciembre, el Gobierno espera que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ejecute US$ 1.448 millones para completar los US$ 3.206 millones de su presupuesto anual, y que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) ejecute US$ 300 millones para llegar a US$ 476 millones.
En la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) se agilizarán otros US$ 93 millones. Como son recursos ya asignados, el efecto está en el ritmo de ejecución más que en un monto adicional.
Inyección fiscal de US$ 827 millones
El segundo grupo es una inyección fiscal de US$ 827 millones para nuevas obras de rápida ejecución. El desglose del plan asigna US$ 160 millones al cuarto trimestre de 2026, de los cuales US$ 93 millones corresponden a la Subdere y US$ 67 millones a la reconstrucción del norte, y US$ 657 millones a 2027, a través del MOP y el Minvu.
La mayor parte del gasto nuevo cae, entonces, en 2027, en línea con lo señalado por el presidente José Antonio Kast: “Los efectos del plan se van a empezar a sentir en los próximos meses y con mucha fuerza en los primeros meses de 2027”.
Las carteras están definidas por servicio. La Subdere reúne 939 iniciativas, entre ellas 509 proyectos del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) y del Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB) y 112 PREAVS con nuevo financiamiento, además de 318 proyectos con ejecución acelerada en 2026, con cobertura en más de 251 comunas y en las 16 regiones.
El MOP suma 265 contratos en 157 proyectos, que llegarían a al menos 129 comunas, en áreas como Vialidad, Obras Portuarias, Obras Hidráulicas, Aeropuertos y Servicios Sanitarios Rurales.
En el Minvu, la cartera incluye parques, 93,7 kilómetros de pavimentos participativos, obras barriales, 69 proyectos de vialidad urbana y 22 de infraestructura sanitaria en ejecución. Para la reconstrucción tras los incendios de Biobío, se agregaron siete iniciativas de conservación de emergencia en Penco.
Para priorizar las obras, la iniciativa considera el nivel de desempleo, el daño de infraestructura, la madurez de los proyectos y la velocidad de contratación. Los dos últimos criterios favorecen a iniciativas que pueden partir pronto, coherente con el objetivo de actuar en el corto plazo.
Subsidio a la contratación por US$ 94 millones
En empleo directo, el plan contempla un subsidio a la contratación por US$ 94 millones entre 2026 y 2027, que combina los cupos de Modo Empleo, el programa de subsidios a la contratación del Gobierno, con nuevos recursos y focalización territorial y laboral.
El plan no precisa cuántos cupos se suman, el monto por trabajador ni los requisitos. Ante el Senado, el biministro Daniel Mas había informado 54.300 contratos generados por los subsidios ya implementados.
En liquidez, se prevé un adelanto de pagos al Ministerio de Salud (Minsal) por US$ 134 millones para regularizar obligaciones con proveedores de salud. Además, se capitalizaría hasta en US$ 310 millones el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE), un mecanismo de garantías estatales que respalda créditos a empresas.
Con un apalancamiento de hasta 13,5 veces, esa capitalización respaldaría hasta US$ 4.188 millones en garantías, es decir, cada peso aportado respaldaría hasta 13,5 en créditos. Dichas garantías no son dinero entregado a las empresas, sino respaldo para que accedan a financiamiento, y solo se hacen efectivas si los créditos no se pagan.
Sobre la tramitación, Kast dijo que pedirá “la colaboración de los distintos sectores políticos, porque esto es por ley, para inyectar esos recursos y que eso permita que se apalanquen nuevos recursos”.
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