Cuatro ejes y 25 medidas: CEP y CPC entregan propuestas para enfrentar tasa de desempleo del 9,5% con un gasto que crecería menos de un 2%

El Centro de Estudios Públicos (CEP) y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) publicaron la “Agenda Pro Empleo para la urgencia laboral”, un informe que propone 25 medidas organizadas en cuatro ejes: un presupuesto pro empleo, mayor certeza regulatoria y flexibilidad, mayor agilidad para la contratación y prioridad legislativa para cuatro proyectos de ley.

El diagnóstico laboral del que parten es que la desocupación acumula 43 meses consecutivos sobre 8% y hoy alcanza 9,5%, equivalente a cerca de un millón de personas que buscan trabajo.

En esa línea, la tasa de desempleo es más alta en mujeres, con 10,3%, y en jóvenes de 15 a 24 años, con 23,5%. Además, la tasa de ocupación llega a 55,9%, frente a 58,1% antes de la pandemia, lo que equivale a unos 390 mil ocupados adicionales si se hubiera recuperado.

Restricciones fiscales y foco en la composición del gasto

En lo fiscal, el informe advierte que “el estricto cumplimiento de la meta de balance estructural restringe el crecimiento del gasto público para 2027 a un acotado rango de entre 1% y 2% real”, y que 83% del presupuesto base ya está comprometido por leyes permanentes.

Asimismo, agrega que la deuda bruta del gobierno central se acerca al 45% del PIB y que los ahorros del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) están en niveles mínimos. Con ese margen, sostiene que “la principal herramienta disponible es ajustar su composición”.

El informe no asigna un horizonte a cada propuesta, pero define su alcance general como materias “factibles de implementar en el corto plazo”, que incluyen medidas administrativas, la dictación de reglamentos y la aceleración de proyectos de ley ya en trámite.

De igual manera, aclara que no reemplazan una agenda de mediano y largo plazo sobre productividad, cambio demográfico y automatización, que no aborda, y plantea que la respuesta debe asignar al Estado “un rol de facilitador más que de mero financista”.

Inversión pública y ejecución del presupuesto

El primer eje reúne 11 medidas presupuestarias. Propone mantener o elevar el peso de la inversión pública en 15% del presupuesto total de 2027, frente a un máximo de 21% entre 2009 y 2012, y proteger su ejecución.

El mecanismo sería reducir automáticamente el gasto total autorizado si hay subejecución de la inversión más allá de un rango acotado, para evitar que esos fondos se desvíen a gasto corriente. El informe recuerda que entre 2001 y 2025 el gasto de capital se ejecutó en promedio 95% y que desde 2021 ningún año superó 90%.

Otras medidas del primer eje buscan acelerar la ejecución. En el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), proponen priorizar reparaciones y mejoramientos de viviendas (DS27), condominios, eficiencia energética y pavimentación participativa, por su implementación más rápida. En los gobiernos regionales, sugieren licitar en el primer semestre de 2027 las iniciativas con recomendación favorable vigente.

También plantean incorporar en los contratos de obras públicas cláusulas de segundo o tercer turno, que el informe describe como “una medida de efecto inmediato sobre el empleo, aplicable tanto a proyectos en ejecución como hacia adelante”, y que la Dirección de Presupuestos (Dipres) reestime el impacto de la inversión pública en empleo.

Jornadas excepcionales, Ley Karin y polifuncionalidad

El segundo eje agrupa cuatro medidas que el informe califica de carácter reglamentario, aunque deja constancia de que esa calificación podría ser objeto de otro análisis.

La principal se refiere a las jornadas excepcionales: propone presumir la continuidad operacional cuando exista acuerdo sindical, salvo incumplimiento objetivo de higiene y seguridad, y emitir un dictamen que liste actividades habilitadas por su naturaleza, como minería o data centers.

Asimismo, plantea crear un recurso de reconsideración expedito ante el director nacional de la Dirección del Trabajo y penalizar la demora, ya sea con silencio administrativo positivo si no hay resolución en 30 días hábiles o con escalamiento automático del caso.

Las otras tres medidas del eje tocan la Ley Karin, la polifuncionalidad y el trabajo agrícola adolescente. En la Ley Karin, proponen exigir antecedentes mínimos para dar curso a las denuncias, contar los plazos de investigación desde que estén completos, permitir investigaciones internas imparciales cuando la denuncia apunte a altas jefaturas y sancionar las denuncias de mala fe.

El informe argumenta que estos cambios “reduce directamente el costo esperado de cada contratación adicional”, especialmente para las pymes.

Para la polifuncionalidad, plantean un nuevo pronunciamiento de la Dirección del Trabajo sobre el artículo 10 N° 3 del Código del Trabajo, con foco en el comercio, y para el trabajo agrícola adolescente de temporada, ajustar el certificado de alumno regular y trasladar el aviso de contratación a la Inspección del Trabajo.

Subsidio Unificado al Empleo y meta de 685 mil trabajadores

El tercer eje se centra en el Subsidio Unificado al Empleo (SUE). El informe plantea que quien decide contratar debe percibir el incentivo como “cierto, oportuno y de bajo costo administrativo”.

Para eso propone un certificado binario de “cumple o no cumple” que dé certeza anticipada a la empresa, trazabilidad de la postulación y el pago, un plazo máximo perentorio de resolución para el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) y reglas de distribución de riesgos para que el empleador no reintegre pagos por antecedentes fuera de su control.

La meta es llegar a una cobertura de 685 mil trabajadores en régimen en 2028, con un 2027 cercano a esa cifra. En su primer año, el criterio de elegibilidad es pertenecer al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares, y desde entonces el umbral se fijaría cada marzo por decreto, con un máximo de 60%.

Mientras tanto, el informe plantea mantener el subsidio a la contratación del SENCE con al menos los 25 mil cupos de 2026, y articular a las Oficinas Municipales de Información Laboral (OMIL) con metas específicas y transitorias, como el número de vacantes en la Bolsa Nacional de Empleo.

Cuatro proyectos de ley que CEP y CPC proponen acelerar

El cuarto eje identifica cuatro proyectos de ley que propone acelerar.

La Sala Cuna Universal (boletín 14.782-13), en segundo trámite en la Cámara, elimina la exigencia de sala cuna al contar con una vigésima trabajadora y universaliza el beneficio. El informe advierte que su financiamiento, rechazado en el primer trámite, debe resultar en un diseño “que no genere mayores costos laborales”.

El Estatuto laboral para el turismo y adaptabilidad de jornada (18.478-13), en primer trámite en la Cámara, amplía el período de referencia para distribuir la jornada de 4 a 16 semanas en el régimen general y hasta 52 semanas en turismo, bajo la lógica de que “mientras más largo el ciclo, mayor el espacio para absorber fluctuaciones de demanda sin despedir trabajadores”.

Los otros dos son el contrato por horas (11.929-13), en primer trámite en el Senado, que habilitaría esa modalidad con un máximo de 30 horas semanales o 120 mensuales, y el que sanciona el uso indebido de licencias médicas (17.914-13), en segundo trámite en el Senado, que lo tipifica como falta grave a la probidad y habilita el despido sin indemnización.

Sobre el contrato por horas, el informe advierte que su diseño debe evitar que la modalidad “sustituya empleos estables o traslade excesivamente al trabajador el riesgo de las variaciones de demanda”.

En conjunto, la agenda combina el uso de instrumentos presupuestarios existentes, medidas normativas y reglamentarias, la implementación de un subsidio ya aprobado y la aceleración de proyectos de ley.

El informe advierte que no pretende ser una agenda exhaustiva de las reformas laborales necesarias, sino un conjunto de medidas concretas y factibles de implementar o acelerar en el corto plazo.