OCDE destaca a Chile como el productor de litio con menores costos del mundo y resalta que la producción se triplicó desde 2015

n el marco de la alta demanda por minerales a nivel mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) elaboró un estudio sobre trazabilidad y resiliencia en las cadenas de suministro de minerales críticos.

De acuerdo con la OCDE, Chile es el país con los menores costos de producción de litio a nivel mundial. El país, miembro desde 2010, concentra su producción de litio en la provincia de Antofagasta, donde se ubican sus dos yacimientos activos, ambos en el Salar de Atacama, además de las plantas de procesamiento localizadas en la ciudad de Antofagasta.

Según el estudio, la minería representa un pilar clave de la economía chilena, con un promedio de 10,9% del empleo nacional y 10,5% del Producto Interno Bruto (PIB) durante la última década, además de cerca de 58% del total de las exportaciones del país y entre 6% y 8% de los ingresos fiscales.

En 2024, Chile fue el mayor productor mundial de cobre y el segundo mayor productor de litio a nivel global.

El crecimiento del litio en las exportaciones chilenas

El informe precisó que, si bien el cobre representa cerca de la mitad del valor total de las exportaciones chilenas, la producción de litio se triplicó desde 2015, y su participación en las exportaciones totales de bienes del país creció desde 0,9% en 2020 hasta 7,1% en 2023.

La OCDE calificó al litio como un producto de exportación cada vez más relevante y un impulsor creciente del crecimiento y los ingresos fiscales, en particular durante los períodos de precios elevados del mineral.

Asimismo, detallaron que Chile ha desarrollado un marco de gobernanza distintivo para el litio, categorizado como mineral estratégico en la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras.

Esa normativa establece que el litio solo puede ser explotado por entidades estatales o empresas públicas, las que pueden suscribir contratos de arrendamiento o Contratos Especiales de Operación de Litio (CEOL) con operadores privados, que fijan cuotas de producción, regalías y estándares ambientales.

Según la OCDE, este régimen centrado en el Estado ha ralentizado el desarrollo de nuevos proyectos, resultando en una estructura de producción altamente concentrada, en la que actualmente solo SQM y Albemarle producen litio de forma comercial en el país.

Estrategia Nacional del Litio y participación estatal

El informe recordó que, en 2023, Chile desarrolló una Estrategia Nacional del Litio orientada a incrementar la producción a través de asociaciones público-privadas lideradas por el Estado.

Si bien esa estrategia preserva los contratos vigentes con SQM y Albemarle, exige propiedad estatal mayoritaria en los nuevos proyectos, a través de Codelco, Enami o una eventual Empresa Nacional del Litio, y duplicó el número de sitios explotables disponibles.

Respecto de SQM, la OCDE explicó que la compañía opera en el Salar de Atacama bajo un contrato de arrendamiento suscrito en 1993 con la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), vigente hasta 2030, que otorga derechos de extracción y comercialización de litio y potasio desde salmueras.

Ante el vencimiento de ese plazo, SQM y la estatal Codelco renegociaron el marco para la continuidad de las operaciones, lo que derivó en un Acuerdo de Asociación en 2024 y la creación de Nova Andino Litio SpA.

Bajo esa nueva estructura, Codelco controla 50% más una acción, asegurando el control estatal mayoritario, mientras SQM mantiene la participación restante y seguirá gestionando las operaciones hasta 2030, año en que Codelco asumirá el liderazgo operacional.

El informe contrastó ese esquema con el de Albemarle, el segundo mayor arrendatario del sector, que mantiene concesiones en el Salar de Atacama con derechos contractuales que se extienden hasta aproximadamente 2043.

A diferencia de SQM, Albemarle no ha sido incorporado a una nueva sociedad de mayoría estatal, y sus actividades de exploración y producción continúan bajo su marco de concesión vigente, aunque sujetas a los lineamientos de la Estrategia Nacional del Litio.

Nuevos proyectos buscan diversificar la producción

Más allá del Salar de Atacama, la OCDE describió los esfuerzos de Chile por diversificar su producción mediante nuevas asociaciones lideradas por el Estado.

En el Salar de Maricunga, Rio Tinto comprometió cerca de US$ 900 millones para adquirir una participación de 49,99% en una sociedad conjunta con Codelco, que mantendrá el control mayoritario con 50,01%.

De forma similar, el proyecto Altoandinos, desarrollado en sociedad entre la estatal Enami y Rio Tinto, proyecta iniciar producción alrededor de 2032, con un aporte inicial de US$ 425 millones para su desarrollo y una participación de 51% para la minera británico-australiana.

OCDE destaca desafíos regulatorios y ambientales

En materia regulatoria, el informe señaló que la Estrategia Nacional de Minerales Críticos de Chile establece objetivos de inversión y diversificación, junto con el compromiso de avanzar en trazabilidad y en el alineamiento con estándares nacionales e internacionales de conducta empresarial responsable.

La Estrategia Nacional del Litio de 2023 incluye además exigencias para formalizar la protección de 30% de los salares del país, evaluar impactos en biodiversidad e hidrogeología en los nuevos proyectos, reducir el consumo de agua y aplicar consultas indígenas conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El documento también abordó los riesgos operacionales y de gobernanza que enfrenta la expansión del litio en la región de Atacama.

Según la OCDE, ese crecimiento ha intensificado desafíos ambientales, de gestión hídrica y de gobernanza, en particular en zonas habitadas por comunidades indígenas, en un ecosistema desértico que ya enfrenta escasez de agua.

El informe citó estudios que han identificado cierta correlación entre las operaciones de litio en el Salar de Atacama y una disminución de la vegetación, un aumento de las temperaturas diurnas y una tendencia a la baja en los niveles de humedad del suelo.

En esa línea, la OCDE planteó además que existe espacio para fortalecer las evaluaciones de impacto ambiental en Chile, ya que la mayoría de los proyectos se somete al procedimiento simplificado de declaración de impacto ambiental (DIA) en lugar de una evaluación completa, decisión que recae en el propio titular del proyecto y no en un tercero independiente.

El organismo señaló que organizaciones no gubernamentales han advertido que ese proceso de evaluación podría no estar completamente aislado de influencias políticas.

Comunidades indígenas cuestionan procesos de consulta

Finalmente, el informe destacó que organizaciones indígenas han recurrido a mecanismos legales, incluida una solicitud para suspender el proceso de consulta comunitaria de la asociación entre Codelco y SQM, citando objeciones de procedimiento.

Ese proceso también generó oposición de algunas comunidades, incluidos bloqueos de caminos cerca del Salar de Atacama en protesta por la naturaleza y los tiempos del proceso de participación indígena durante las negociaciones entre ambas compañías.