Cámara de Diputados aprueba invariabilidad tributaria por 25 años para inversiones mayores a US$ 50 millones

En plena votación del proyecto de Reconstrucción Nacional, la sala de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el artículo que establece un régimen de invariabilidad tributaria por 25 años para determinadas inversiones.

Con 81 votos a favor, 69 en contra y dos abstenciones, correspondientes a las diputadas Zandra Parisi y Alex Nahuelquír del Partido de la Gente (PDG), la norma superó los 78 votos que necesitaba y ahora pasa a la discusión en el Senado, donde se definirá si se mantienen las mismas condiciones o si el plazo se reduce a 20 años.

La medida aprobada propone establecer una carga tributaria máxima de impuesto a la renta para inversores tanto locales como extranjeros en proyectos de más de US$ 50 millones.

Para los inversores extranjeros, se fija una tasa máxima de 35% —excluyendo el royalty—, dejando invariable la tasa vigente al momento de suscribir el contrato.

Para los inversores locales, se respetará el estatuto tributario vigente al celebrar el acuerdo con el Estado.

¿Qué más se aprobó del plan del Gobierno?

La invariabilidad tributaria no fue el único eje del proyecto en recibir luz verde, puesto que la Cámara también aprobó la reducción del impuesto corporativo desde un 27% a un 23%, con 87 votos a favor; la reintegración tributaria, con 82 votos; y el crédito tributario al empleo, que obtuvo 88 votos a favor.

Asimismo, la extensión del beneficio de contribuciones para mayores de 65 años fue respaldada por una amplia mayoría, consolidando un conjunto de medidas que el Ejecutivo presenta como palancas para el crecimiento económico y la generación de empleo.

¿Qué sigue ahora?

Con el fin de sacar adelante el proyecto, el Gobierno ha evaluado reducir el plazo de invariabilidad de 25 a 20 años mediante una indicación que será ingresada durante la tramitación en el Senado, donde el empate 25-25 entre oficialismo y oposición anticipa negociaciones complejas.

Será la Cámara Alta la que defina si el proyecto avanza en las mismas condiciones que aprobó la Cámara Baja o si enfrenta ajustes de fondo en materia de plazos y montos mínimos de inversión.