Control de inversiones, minerales críticos e infraestructura digital: ¿Qué incluye en materia económica la adhesión de Chile al Escudo de las Américas?

El pasado martes 22 de septiembre, en Nueva York, Chile formalizó su adhesión al Escudo de las Américas, la alianza que Estados Unidos impulsa en el hemisferio y que hasta ahora se conocía sobre todo por su foco en el combate al narcotráfico.

Con la firma, el país dejó de ser observador y pasó a integrarla como miembro pleno. El texto conjunto al que se sumó, sin embargo, tiene un componente menos visible: un capítulo económico que incluye el control de inversiones, los minerales críticos y la infraestructura digital.

“Explorar mecanismos de control de inversiones” es una de las cuatro líneas económicas que Chile suscribió al adherir al Escudo de las Américas, la alianza que Estados Unidos impulsa en el hemisferio. Las otras tres son fortalecer la cooperación económica, resguardar las cadenas de suministro de minerales críticos y promover regulaciones para proveedores de confianza en infraestructura digital, aplicadas sin discriminación, según consignó Radio ADN.

La declaración lo ubica como el primero de sus tres pilares, antes que la seguridad y la coordinación multilateral, lo que contrasta con la imagen pública de la iniciativa, asociada sobre todo al combate del narcotráfico.

El documento explica por qué incluye esas líneas, y sostiene que la seguridad duradera necesita desarrollo económico, empleos estables y oportunidades tangibles para la población, y que “la soberanía económica se defiende con éxito cuando el capital que ingresa a nuestros países es transparente y verificable”.

El acuerdo no fija plazos ni montos

Tampoco se trata de compromisos cerrados. Los verbos del texto son de intención: los firmantes “declaramos conjuntamente nuestra intención” de actuar, y lo harían “de conformidad con nuestras respectivas obligaciones legales internacionales y nacionales”.

El acuerdo no fija plazos, montos ni instancias de seguimiento en materia económica. La Cancillería ha planteado que el mecanismo no tiene el carácter de un tratado tradicional, sino de un acercamiento táctico.

Para sostener los tres pilares, los países dicen proponerse profundizar la cooperación en inversión y economía, y coordinar posiciones comunes en foros regionales y multilaterales. Agregan más intercambio de inteligencia, acceso a tecnologías de seguridad, formación de personal y de buenas prácticas.

Medidas contra 24 organizaciones

Las medidas más concretas están en el terreno de la seguridad. La primera acción conjunta apunta a 24 organizaciones, entre ellas el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y el Primeiro Comando da Capital. Contra ellas, y contra quienes les den apoyo material, los firmantes declaran su intención de aplicar congelamiento de activos, restricciones migratorias y de visado, y responsabilidad penal.

El texto contempla además un paso institucional. Los países se proponen pedir formalmente al presidente del Consejo Permanente de la OEA una reunión de consulta sobre la creación de un Órgano de Consulta bajo los artículos 6 y 13 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), para evaluar una resolución de acción colectiva contra esos grupos.

El país pasó de observador a miembro pleno, junto a Estados Unidos y otros trece países del hemisferio: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.