Andes Iron abrió un nuevo capítulo en la extensa tramitación del proyecto minero-portuario Dominga al desistirse de los recursos de casación y queja que mantenía ante la Corte Suprema.
La decisión significa que el máximo tribunal no resolverá esas acciones y mantiene vigente el escenario derivado del fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta de febrero de 2026, bajo el cual continúa operando el rechazo adoptado por el Comité de Ministros en enero de 2025.
Sin embargo, el retiro de la empresa no pone término a la controversia por el proyecto, sino que traslada nuevamente el foco desde los tribunales hacia una vía administrativa que podría llevar a una nueva revisión de la decisión que actualmente mantiene rechazada la iniciativa.
● Septiembre de 2013
Andes Iron ingresa el Estudio de Impacto Ambiental de Dominga al sistema de evaluación ambiental.
● Marzo de 2017
La Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo rechaza el proyecto.
● Agosto de 2017
El Comité de Ministros confirma el rechazo.
● 2018
El Primer Tribunal Ambiental deja sin efecto la decisión y ordena repetir parte del procedimiento.
● Agosto de 2021
Dominga obtiene una Resolución de Calificación Ambiental favorable. La RCA N°161 es dictada el 24 de agosto.
● Enero de 2023
El Comité de Ministros vuelve a rechazar el proyecto tras revisar las reclamaciones contra su aprobación.
● Diciembre de 2024
El Primer Tribunal Ambiental deja sin efecto la decisión de 2023 y ordena al Comité de Ministros emitir un nuevo pronunciamiento.
● Enero de 2025
El Comité de Ministros vuelve a calificar desfavorablemente Dominga.
● Septiembre de 2025
La Corte Suprema declara inadmisibles recursos presentados contra la sentencia del Primer Tribunal Ambiental.
● Febrero de 2026
La Corte de Apelaciones de Antofagasta anula el procedimiento de cumplimiento incidental que se desarrollaba ante el tribunal ambiental.
● Junio de 2026
Cuatro organizaciones favorables a Dominga presentan solicitudes de invalidación contra la resolución del Comité de Ministros de 2025.
● Septiembre de 2026
El SEA admite a trámite las cuatro solicitudes.
● 28 de septiembre de 2026
Andes Iron se desiste de sus recursos ante la Corte Suprema con el argumento de permitir el avance de las invalidaciones.
● Situación actual
Dominga continúa rechazado y la controversia se concentra en la vía administrativa. Si las solicitudes prosperan, podría abrirse un nuevo pronunciamiento del Comité de Ministros.
Cuatro solicitudes de invalidación abren una nueva vía
El cambio de estrategia está relacionado con cuatro solicitudes de invalidación presentadas durante junio por organizaciones sociales favorables a Dominga ante el Servicio de Evaluación Ambiental. Las acciones corresponden al Comité de Agua Potable Rural de Caleta Los Hornos, la Asociación Federativa de Pescadores Artesanales del Borde Costero de La Higuera, la Central Sindical Unión Nacional de Trabajadores de Chile y el Sindicato Nacional Interempresa de Faeneros de Chile.
A diferencia de los recursos judiciales interpuestos por Andes Iron, estas presentaciones buscan que la administración revise la resolución con que el Comité de Ministros volvió a rechazar el proyecto en enero de 2025.
El punto central de las invalidaciones está en la forma en que el Comité de Ministros dio cumplimiento a una sentencia previa del Primer Tribunal Ambiental. En diciembre de 2024, esa judicatura acogió una reclamación de Andes Iron, dejó sin efecto el rechazo que el Comité había dictado en 2023 y ordenó emitir un nuevo pronunciamiento.
El tribunal determinó entonces que la resolución presentaba ilegalidades y que el Comité no había respetado aspectos establecidos en una sentencia anterior.
La instancia ministerial volvió a reunirse en enero de 2025 y nuevamente calificó desfavorablemente a Dominga. Las organizaciones que presentaron las invalidaciones cuestionan precisamente ese nuevo acto y sostienen que no se ajustó correctamente a lo resuelto por el tribunal, una controversia jurídica que todavía debe ser resuelta.
Andes Iron retira recursos para permitir avance de invalidaciones
El Servicio de Evaluación Ambiental admitió a trámite las cuatro solicitudes a mediados de septiembre, pero su avance quedó condicionado por la existencia de causas pendientes ante la Corte Suprema.
Andes Iron explicó que esa situación había mantenido paralizada la discusión administrativa y que por esa razón decidió retirar sus recursos. En esa línea, la compañía sostuvo que busca “no obstaculizar” el avance de las invalidaciones y afirmó que considera prioritario que se revise una actuación que, a su juicio, contravino lo decidido por el Primer Tribunal Ambiental.
Esa calificación corresponde a la posición de Andes Iron y será el procedimiento administrativo el que deberá determinar si existen o no vicios de legalidad en la resolución cuestionada.
En términos prácticos, el proyecto Dominga continúa rechazado y la admisión a trámite de las invalidaciones no modifica por sí sola la situación ambiental del proyecto. Las solicitudes deberán ser analizadas respecto de eventuales ilegalidades de la resolución adoptada por el Comité de Ministros y pueden terminar tanto con su rechazo como con una decisión favorable a quienes las presentaron.
Debido a que el acto cuestionado corresponde al propio Comité, esa instancia es la encargada de conocer este tipo de solicitudes. Si las invalidaciones prosperan, podría abrirse la necesidad de un nuevo pronunciamiento sobre Dominga, aunque aquello no significa que el proyecto vaya a ser aprobado automáticamente ni permite anticipar cuál sería el resultado de una eventual nueva votación.
El desistimiento también generó interpretaciones opuestas entre quienes participan en el conflicto. Andes Iron sostiene que la decisión responde a la necesidad de permitir el avance de la vía administrativa, mientras los opositores al proyecto consideran que implica abandonar una instancia judicial que estaba próxima a resolverse.
La abogada Antonia Berríos, representante de la Asociación de Pescadores y Mariscadores de Los Choros, afirmó que “la causa se encontraba en acuerdo, es decir, la decisión estaba tomada por los Ministros de la Corte y solo restaba la redacción del fallo”. Greenpeace, en tanto, sostuvo que el retiro deja vigente el rechazo del proyecto y pidió que esa decisión sea respetada.
Una tramitación que se arrastra desde 2013
La controversia se arrastra desde que Dominga ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en septiembre de 2013. El proyecto de Andes Iron contempla dos rajos a cielo abierto, una planta concentradora y un terminal portuario en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo, con una producción proyectada de alrededor de 12 millones de toneladas anuales de concentrado de hierro y 150 mil toneladas de concentrado de cobre.
Su evaluación ha estado marcada por sucesivos rechazos, fallos judiciales y nuevas votaciones administrativas. En 2021 obtuvo una Resolución de Calificación Ambiental favorable, pero las reclamaciones posteriores llevaron nuevamente el caso al Comité de Ministros y a los tribunales.
La empresa ha cifrado actualmente la inversión en torno a US$ 3.000 millones, mientras el proyecto original presentado al sistema ambiental contemplaba cerca de US$ 2.500 millones.
La ubicación de la iniciativa en el entorno del archipiélago de Humboldt ha sido uno de los principales focos de oposición debido a la biodiversidad marina existente en esa zona. Andes Iron sostiene que el proyecto cumple las exigencias ambientales y que su infraestructura portuaria se encuentra fuera de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, mientras organizaciones ambientales y habitantes de la zona han planteado durante años reparos sobre sus eventuales efectos.
El Gobierno también sigue la evolución del caso. Según informó Radio Bío Bío, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, señaló tras conocerse el desistimiento que el Ejecutivo está “monitoreándolos de cerca” y reiteró el interés del Gobierno en facilitar el desarrollo de inversiones mineras que cumplan las exigencias ambientales.
Investigación por pagos a estudio jurídico
A la disputa ambiental y administrativa se suma una investigación penal vinculada a pagos realizados por Andes Iron al estudio Lagos, Vargas & Silber. Según reveló una investigación de Reportea, la minera transfirió $255,5 millones al bufete entre marzo y diciembre de 2023, información obtenida a partir de cartolas bancarias.
Andes Iron posteriormente reconoció los pagos y ha sostenido que correspondieron a servicios jurídicos contratados, descartando irregularidades. Los antecedentes llevaron a Greenpeace a presentar una querella por eventuales delitos de cohecho agravado y revelación de secretos contra quienes resulten responsables.
Socios de ese estudio también están imputados en la investigación conocida como caso “Muñeca Bielorrusa”, originada en un litigio distinto entre Belaz Movitec y Codelco. Aun así, la existencia de los pagos, de la querella y de esa investigación no acredita por sí misma delitos vinculados a Dominga ni responsabilidades penales.
Con los recursos de Andes Iron retirados de la Suprema, la atención sobre el futuro inmediato del proyecto se concentra ahora en las cuatro solicitudes de invalidación y en la respuesta que deberá entregar la institucionalidad ambiental.
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